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La reforma al Código de Procedimientos Civiles del estado de Querétaro, que presentó el diputado Héctor Magaña, para que se establezca la figura jurídica de adjudicación directa de bienes embargados rompe el sistema de derecho y viola derechos humanos de terceros, afirmó el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Calixto Santiago.
En entrevista, señaló que este modelo es parecido al de la justicia estadounidense, por lo que renuncia a “toda una tradición de derecho”.
Indicó que una reforma de este tipo debe de consensuarse con los expertos en la materia, antes de proponer cambios en los códigos penales o civiles.
“El jueves fue el mismo Mauricio Ortiz Proal (coordinador de los legisladores locales por el PRI) al Colegio de Abogados, y dijo que antes de proponer o presentar una iniciativa de ley, nos iban a turnar o nos la iban a presentar”, señaló.
Esta iniciativa, agregó, es preocupante en el sentido que, si ya hay alguien embargado, se les estaría quitando su derecho a adjudicarse el embargo.
Asimismo, aclaró que el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro no puede hacer un manifiesto público, “porque no han tenido la delicadeza el diputado Héctor Magaña de preguntar, si siquiera al foro jurídico y muchos a las universidades y mucho menos a la gente impartidora de justicia sobre su iniciativa de ley”.
Magaña dijo confiar en que el legislador tenga total conocimiento de lo que está proponiendo, porque una iniciativa de dicha envergadura debe ser consensuada, pero sobre todo conocida por la comunidad jurídica, que la desconoce.
“No la entendemos y creemos que puede dañar derechos humanos de terceros y directamente a los que se pretende ejecutar”, sostuvo.
Añadió que está de acuerdo en acelerar los juicios mercantiles, pero que esa iniciativa como se encuentra plasmada, podría dañar derechos de terceros y de los propios ejecutantes. Dijo que antes de lanzar “leyes de este tipo” se deben tener opiniones técnicas, pues sin asesores pertinentes en manejo del tema, no cumplen con las expectativas sociales de las instancias correspondientes.
