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Al gobernador del estado, Jorge López Portillo, le fue emitida una recomendación por parte de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, por el actuar de personal del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada de delitos sexuales contra el menor y violencia intrafamiliar, y de la Procuraduría General de Justicia estatal.
Lo anterior, por la omisión que realizó el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa, derivada de una denuncia que realizó un padre de familia queretano en 2013, por los delitos de privación de la libertad, retención y sustracción de personas, por parte de su ex esposa en contra de sus dos hijos, menores de edad.
De acuerdo con el titular de la Defensoría, Miguel Nava, se constató que hubo violaciones por parte del personal de la Procuraduría de Justicia en contra del quejoso y los menores.
“Al realizar las investigaciones de las acciones que obra en el expediente, se constató que el análisis de las pruebas y la resolución del caso que derivó de ejecutar una acción penal, que fue acto de formal prisión a la madre, probable responsable de los actos, estos se dictaron nueve meses después de la denuncia, bajo un retraso injustificado”, acotó.
Tras esta fecha, el Ministerio Público tardó seis meses para solicitar la partición de la PGJ para la búsqueda y localización para la captura de la inculpada, ya que el quejoso tenía información de que su ex esposa e hijos se encontraban en Washington, Estados Unidos. “En abril de 2015, el agraviado se trasladó a la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, de Estados Unidos, en donde encontró a sus menores víctimas del delito, quien informó que las autoridades estadounidenses intervinieron para dar protección a los menores”, comentó.
Sin embargo, posterior a esta fecha, las autoridades de justicia confirmaron la dirección de la probable responsable, esto aun cuando ya había sido localizada por el quejoso.
Ante este panorama, es que la Defensoría emitió en primer lugar, recomendación al gobernador del estado, Jorge López Portillo, para que en un plazo de 15 días, a partir de la notificación, instruya al procurador del estado, Arsenio Durán, para que formule el procedimiento administrativo correspondiente en contra de la omisión de dichas autoridades.
Dicha sanción sería contra la directora de control de procesos de la Agencia Especializada en delitos sexuales contra el menor y violencia familiar, ya que la conducta que adquirió durante dicha denuncia del quejoso, representa hechos constitutivos de delito.
De igual forma instruyó a realizar la reparación material causada a los quejosos y a los menores.
