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Cuarenta y seis familias dedicadas a vender tamales piden al municipio de Querétaro comprensión y ayuda para obtener permiso para operar. Desde noviembre tramitaron 26 solicitudes de licencia, que en su mayoría no han sido respondidas.
Juan Carlos López Morales, representante de los comerciantes, explicó que está en trámite la conformación de una asociación civil y que las solicitudes de licencias las presentaron ante el municipio capitalino.
“Hemos realizado solicitudes de licencia ante el departamento de inspección y comercio en vía pública. Cumpliendo todos y cada uno de los requisitos establecidos para dicho trámite, sin embargo somos conscientes de que el presentar las solicitudes no garantizan u obligan a esta dirección a expedir las licencias”, explicó López Morales. Se dijeron conscientes de que hacer una solicitud no es garantía de respuesta positiva.
Sin embargo de las 26 solicitudes, al menos nueve han sido negadas con el argumento de que no pueden establecerse cerca a puestos de tamal es que sí tienen permiso.
“Nos han contestado que es por cuestiones de espacio, que porque a menos de 100 metros hay un comercio establecido de tamales, que realmente es una mentira; es bien sabido que locales establecidos de tamales son pocos”, insistió el representante de los tamaleros.
Los trabajadores se ubican en diferentes puntos de la capital con carritos de tamales y atole, y a todos les han decomisado al menos una vez su mercancía, argumentó Florencio Chimalhua, comerciante que presentó su testimonio durante conferencia de prensa.
Dicen que están dispuestos a legalizarse pero piden que se agilicen los trámites y que, sobre todo, haya comprensión, pues aseguran que estar en las calles no obedece a un acto de necedad sino necesidad que tienen de trabajar.
Para un tamalero al que se le ha decomisado mercancía por primera vez, tiene que pagar una multa de 300 pesos. Sin embargo hay personas que han reincidido y el costo es hasta de dos mil 500 pesos.
Los comerciantes salen con su carrito de tamales desde las seis de la mañana y hasta las 10 hoaras aproximadamente. Refieren la queja de que ha habido casos que la mercancía que les es regresada está incompleta o incluso los tambos que estaban llenos de tamales regresan vacíos a sus dueños.
“Al grupo de personas que represento se les han vulnerado garantías constitucionales y derechos humanos al no permitirles trabajar de manera legal en el oficio que por generaciones han heredado en la producción de tamales y atole”, refirió Juan Carlos Morales.
Por eso el llamado general es a que el municipio dé celeridad a los trámites, aunque conocen que estos trámites son lentos.
“Algunos han salido negados, pero nos gustaría que se reconsideraran o que en su defecto pudiéramos buscar la mejor ubicación tanto para ellos como para nosotros”, concluyó Juan Carlos López.
