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En la capital, funcionarios nuevos y pasados que manejaron y operan recursos públicos, tienen un plazo de 60 días naturales para presentar su declaración patrimonial a la contraloría del estado. El auditor municipal de fiscalización, Carlos Alberto Rentería Rivera, informó en caso de encontrar irregularidades en las declaraciones de funcionarios salientes, se podría llevar a cabo un proceso administrativo en su contra de una duración de hasta 5 años, es decir, hasta el 2017. Incluso, se puede determinar una sanción y ésta sería de tipo administrativo, disciplinario o en determinado caso enfrentar un proceso ante la procuraduría por el delito de enriquecimiento ilícito. “El objetivo de presentar la declaración patrimonial, es evitar que un servidor público se enriquezca más allá de lo que su sueldo se lo permite, aunado a que la Ley señala que cuando el patrimonio del funcionario no coincida con su ingreso se puede presumir que haya algún tipo de acción que no es correcta”, manifestó el auditor. “Se le solicita al funcionario que diga cuántos bienes tiene a la toma de su puesto y de sus dependientes económicos, y si tiene ingresos de otras actividades. Esto es revisado y tiene que ser coherente en la declaración que realice al término de su cargo”. Rentería Rivera mencionó que la declaración patrimonial es coordinada por la secretaría de la Contraloría de gobierno del estado, quien realiza la inspección de los estados financieros de los servidores públicos, desde secretarios, directores, delegados, jefes de departamento y por protocolo hasta los elementos policíacos, para corroborar que no se ha incurrido en enriquecimiento ilícito. “las autoridades de la Contraloría del estado son quienes llevan a cabo el proceso de la inspección de las declaraciones patrimoniales, sin embargo no cuenta con un plazo específico para llevar esta acción, y sólo existe un plazo para la presentación de las declaraciones”, destacó. Auditoría Superior de Fiscalización del municipio notifica y recuerda a los funcionarios el compromiso de que el 100% del personal está obligado a rendir su declaración patrimonial. “De no hacerlo, es decir, presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial se le sancionará al servidor público con 15 días de salario proporcional al pago que cada uno tenga”, manifestó Rentería Rivera. “Quienes lo han hecho de manera recurrente ya conocen su obligación, es decir de los funcionarios salientes o que permanecen, y de los entrantes tienen la obligación de presentar su declaración, en el espíritu de la Ley de que corresponde a todos los funcionarios que manejan recursos públicos”. A partir de este jueves, la secretaría de la contraloría estatal está apoyando a los servidores públicos en el llenado electrónico de la declaración patrimonial, para que se agilicen los trámites además de que es más práctico.
