El pasado 29 de enero, el Ejecutivo federal mandó al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar y adicionar algunas disposiciones del Ley de la Industria Eléctrica.

El solo anuncio de esta iniciativa ha causado ya polémica en algunos actores políticos. De hecho, cualquier reforma legal al sector energético, en cualquier parte del mundo, viene aparejada de un gran debate desde órganos gubernamentales a organismos empresariales, de ambientalistas a consumidores.

Recordemos que la reforma energética aprobada en 2013, principalmente por el PRI y el PAN, modificó el artículo 27 constitucional, el que impedía el otorgamiento de contratos a privados, tanto en el sector de los hidrocarburos como en el sector eléctrico. Al quitar esta restricción, era evidente que comenzarían a otorgarse contratos a privados y a legalizar los que se ya se habían entregado de manera ilegal (sobre todo en el sector eléctrico).

Es también evidente que, con el cambio de gobierno en México, sucedería lo mismo que sucedió en otros países de América Latina (como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia) cuando ha cambiado el péndulo en el signo de los gobiernos en turno. Se trata de recuperar por parte del estado parte del control perdido en un sector tan estratégico como lo es el sector energético.

Así que la iniciativa presidencial es totalmente legal, legítima y esperada. Lo que busca la iniciativa, esencialmente, es evitar problemas en el suministro y que por ley quede garantizado éste como un aspecto de interés público, dado que actualmente hay generadores privados que se salen cuando hay fallas o bien, quieren acceder a la red cuando no hay condiciones pues saturan los enlaces. Esto debido a un problema científico y tecnológico que nadie ha resuelto en el mundo: la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica para ser usada cuando se necesite.

Se pone orden en el despacho al darle prioridad a la energía eléctrica producida por las hidroeléctricas (energía limpia y renovable), después a la energía producida por otras plantas de CFE, en tercer lugar las energías solar o eólica producidas por particulares y por último las plantas de ciclo combinado de empresas privadas. Algo extremadamente racional para un estado que quiere beneficiar a la mayoría de la población.