Uno de los múltiples anuncios que ha realizado el ahora Presidente electo, es el de sustituir a los delegados federales de las diversas secretarías por delegados de programas integrales de desarrollo –así los llaman-, que asuman las funciones que realizaban el conjunto de delegados en una entidad.

La razón que se difunde es la reducción de la burocracia, con el consabido ahorro que ello traería, además de canalizar directamente los recursos. Esto, sin intencionalidad política reconocida. Sin embargo, existen una serie de elementos alrededor de esta presentación que han generado suposiciones varias.

Se interroga si los nombres que ya se conocen, de verdad responden al perfil requerido para realizar las tareas con honestidad, profesionalismo, imparcialidad y transparencia, más allá de afanes partidistas y electorales. Sobre todo cuando se revisa la lista y aparecen personas que, independientemente de sus intenciones, tienen antecedentes que cuestionan parcialmente su neutralidad. Hay desde morenistas perdedores en gubernaturas, como Carlos Lomelí y Joaquín Díaz Mena, hasta senadores y diputados que habrán de pedir licencia para asumir sus nuevas responsabilidades, algunos con prietitos en sus trayectorias, pero todos coordinados por Gabriel García Hernández –actual secretario de Organización y pieza clave del CEN de Morena-, y en contacto directo con López Obrador.

De acuerdo a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se les pidió “concentrarse en el territorio y en el contacto directo, de abajo hacia arriba y sin intermediarios, desde la familia”. Incluso, según explicó, censarán casa por casa para ver necesidades y determinar cuáles son los programas que requieren y si están o no inscritos en estos, cruzando la información con la lista actual de beneficiarios.

Es una estructura territorial, paralela a los gobernadores, que algunos advierten como un mecanismo de control para manejos políticos más allá de las funciones económicas y administrativas formales que les definan a estos delegados súperpoderosos, como algunos los refieren. No hay que pasar por alto los recursos que los designados presidenciales tendrán en sus manos.

Por otro lado, representa un cambio importante sobre la manera en que se han manejado las designaciones de delegados donde Gobernación, la las secretarías específicas y la intervención de gobernadores generaban acuerdos o resultados, según cada caso.

Y esto no quiere decir que todo lo que se hacía antes estaba bien o mal -como se considere-, sino que ahora se escuchan voces que temen se establezca una red partidista que beneficie al instituto político con recursos federales, precisamente. Hay quienes dicen: así lo hacía el PRI, y no se duda de que esto fuera cierto, en la medida que correspondiera, pero lo que resultaría nefasto es que de cierta forma se repitiera el esquema denunciado. La inquietud es que sólo se transforme el uso partidista de recursos, lo que también incluye campañas encubiertas.

Esta medida novedosa no sólo preocupa a gobernadores, algunos de los cuales han hecho públicas algunas de sus preocupaciones, sino a analistas y sectores diversos. En los hechos, habremos de conocer la respuesta a la pregunta sobre ¿qué serán los nuevos delegados?

Es difícil no reflexionar en el componente político de esta decisión, pues ha sido expuesta sólo desde ángulos de administración publica.

Y todo ello en estos días de grandes expectativas donde se habla de que “el Ejecutivo no será más el poder de los poderes” (sic).