Existe preocupación justificada porque, aunque no es novedad que acomodaticios que dicen defender la democracia, en realidad intenten subordinarla a la voluntad de un solo hombre al que sirven y busquen justificaciones para su sometimiento, ahora lo hagan a través de reformas regresivas. A esto obedecen, en buena medida, las tres reformas que legisladores morenistas y sus socios le ofrecieron a López Obrador, para complacer su obsesiva concentración de poder, poco antes de concluir la 65 Legislatura.

El objetivo —al cambiar el orden legal—, además de mostrar su incondicionalidad y esperar algo más por ella, fue aumentar su poder a través de las facultades del Poder Ejecutivo y, en cambio, restringir al Poder Judicial, independientemente de la relativa a pensiones —con duendes y trampas incluidas— que merece un análisis aparte.

Queda evidenciada la voluntad de generarle mayores atribuciones al Poder Ejecutivo y, con esta supremacía, atentar contra la necesaria división de poderes. Esto favorece el autoritarismo y la discrecionalidad —impunes— en manos de populistas y demagogos.

En cuanto a la modificación a la Ley de Amparo, eliminan la capacidad de suspensiones judiciales para efectos generales, a la vez que restringen significativamente las facultades de los jueces para otorgar estas suspensiones, incluso de negarlas cuando se trate de daño grave al interés social.

El ministro en retiro, José Ramón Cossío explicó que representa un grave retroceso al siglo 19 y nos encontramos en un momento muy lamentable para la vida jurídica del país. Puntualizó: “en muchísimas ocasiones, lo que ha salvado a las personas de despojos; de expropiaciones; de no tener medicamentos; de no tener insumos en salud; de no tener educación; ha sido precisamente el amparo, y antes de llegar al amparo —la suspensión que ahora se restringe— es el medio para evitar muchísimas penas”.

La alarma obedece a la evidencia del afán morenista por diluir el valor del amparo ante actos arbitrarios y discriminatorios, y abusos del poder. Con estas restricciones debilitan la defensa de la ciudadanía ante atropellos e ilegalidades.

La otra reforma le confiere al Presidente la facultad de otorgar amnistías de manera directa en condiciones donde el beneficiario proporcione información que sirva al Estado aun si éste es procesado, o ya ha sido sentenciado por delitos graves como secuestro o feminicidio. Este cheque en blanco —como ofrenda—, lleno de nuevas atribuciones, puede favorecer maniobras presidenciales, incluso sus venganzas políticas. Podría convertirse en una licencia discrecional para favorecer y proteger a miembros de su bando y atacar a críticos u opositores.

¿Por qué, ahora, debilitar la limitación y control del poder, y favorecer un presidencialismo excesivo? Este presidencialismo —desorbitado, opaco e impune—, que pretende ubicarse más allá del estado de derecho, resulta peligroso para la sociedad, aunque sea el que necesitan los morenistas, pero no el país.