Primer acto: El Poder Ejecutivo intenta y hace explícita su intención de modificar el marco jurídico legal para perjudicar al órgano garante –constitucionalmente autónomo– encargado de hacer cumplir el derecho de acceso a la información.

Segundo acto: La mayoría del Poder Legislativo representa al partido en el poder. Obedece casi a ciegas las instrucciones y los deseos del titular del Ejecutivo.

Tercer acto: Existe sobrerrepresentación del partido en el poder, o de los aliados del Poder Ejecutivo, en el Legislativo.

Cuarto acto: El titular del Poder Ejecutivo se burla o refiere despectivamente de sus críticos y la oposición en sus intervenciones públicas o declaraciones ante la prensa.

Quinto acto: Quien ocupa el cargo en el órgano de derechos humanos tiene amistad con el titular del Ejecutivo. El actuar del órgano no incomoda al Poder Ejecutivo.

Contexto: De concretarse la intención descrita en el primer acto, el hecho consumaría un retroceso institucional y democrático –debilitaría al Estado y los contrapesos–. La ruta a seguir estaría en el Poder Judicial.

¿Cómo se llamó la obra?... Estilo de gobernar del PAN en Querétaro… sello 2008-2009.

También puede aplicar al contexto nacional actual con el Presidente AMLO y Morena.

Antes de que dirigentes, militantes y funcionarios del PAN queretano se den “golpes de pecho” y empiecen o sigan con críticas hacia lo expresado públicamente por López Obrador, valdría la pena un poco de memoria histórica porque la ciudadanía de Querétaro sufrió un proceso similar hace 13 años.

Con el pretexto de reformar la Constitución –local–, el gobierno de Francisco Garrido Patrón (PAN) sometió al Legislativo –16 de las 25 curules, 64%, estaban ocupadas por su partido– y logró, durante cinco meses, que la máxima ley de Querétaro estableciera la fusión de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG). Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para declarar inconstitucional y “descarrilar” una parte del artículo 33 de la Constitución local. La lucha jurídica y mediática de especialistas, académicos, abogados y comisionadas (os) del IFAI pudo vencer a la soberbia y el peligro.

Las similitudes con lo que intenta hacer el Presidente López Obrador saltan a la vista. Se equivoca el Presidente al querer “absorber” o “desaparecer” al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales).

No es un asunto de “austeridad”. Tampoco de que “no sirva”. Gracias a la labor del INAI se ha podido conocer la magnitud de la corrupción en México durante sexenios anteriores, porque ha permitido consolidar la información y la publicación de reportajes. Decenas de periodistas han recurrido a las facultades y atribuciones del instituto para, con elementos, evidenciar los excesos del poder político y económico. Desde quienes ejercemos el Periodismo, sabemos la valía de #EnDefensaDelINAI.

Fe de erratas y falta de contexto en escrito anterior: En escrito del domingo 3 de enero, se publicó erróneamente que José Antonio Álvarez Lima es director de Canal 11 del I.P.N. Pido una disculpa: Álvarez Lima dejó ese cargo a finales de noviembre de 2020, cuando regresó al Senado de la República. Asimismo, se pudo haber fortalecido con más contexto, como los informes que la Defensoría del televidente ha brindado ante las quejas o inconformidad por los comentarios de Estefanía Veloz en el programa “De Buena Fe”, y la polémica, laboral principalmente, entre los conductores John Ackerman y Sabina Berman.

Los informes, que podríamos detallar y profundizar con más espacio, fortalecen y recuerdan la pluralidad de voces y opciones en la barra programática de Canal 11, sobre todo en opinión, sin menoscabo o engaño hacia las audiencias.