El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) está amparado frente a la demanda de los ex consejeros José Vidal Uribe Concha, Alfredo Flores Ríos y Demetrio Juaristi, para solicitar un pago total de 19 millones de pesos por su trabajo como consejeros, así como de labores administrativas.
Así lo informó el presidente del organismo electoral, Gerardo Romero Altamirano, quien agregó que la defensa jurídica del IEEQ está basada en que “no se puede pagar a ex funcionarios, cualquiera que sea su naturaleza, por años que no trabajaron, que es una de las pretensiones iniciales de dicha demanda”, señaló.
“En días anteriores se dispuso en una cuenta del recurso suficiente para cubrir algunos compromisos laborales en caso de que al final del día llegara a perder estos litigios (…), la cifra representa aproximadamente 2% del presupuesto anual del instituto”, dijo.
En el año 2014, los ex consejeros ingresaron una demanda contra el organismo electoral por 19 millones de pesos que se generan de 90 días de salario como indemnización, 16 días de salario por cada año laboral como prima de antigüedad, así como 20 días de salario por cada año laborado, y salarios desde la conclusión de su encargo del 2014 hasta el 2017.
En 2018, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado determinó la “ ejecución de un laudo en el que condena al instituto al pago de 4.2 millones de pesos, de los cuales 1.8 millones de pesos corresponden a José Vidal Uribe, 1.8 millones de pesos a Alfredo Flores, y un aproximado de 618 mil pesos a Demetrio Juaristi.
El presidente del IEEQ, Gerardo Romero, sostuvo que la operación del organismo electoral está garantizado, y que hasta el momento se han cumplido en tiempo y forma los compromisos económicos que tienen el instituto.
“Es una cantidad que ahora está congelada, no se ha dispuesto nada, y lo que estamos esperando es que las autoridades determinen que va a pasar con ese juicio laboral”, señaló.
Respecto a los supuestos actos de discriminación que han manifestado algunos de los demandantes, porque a otros funcionarios sí se les liquidó como lo marca la ley, Romero Altamirano dijo que respeta las opiniones de “las demás personas”, y que cada quien es libre de decir lo que considere que les puede ayudar en su caso.
“Lo que les puedo asegurar es que en este y otro tema jurídico que se pudieran dar en el instituto estamos actuando siempre conforme a derecho”, concluyó.
