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La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se enfrentó y tramitó más de 40 amparos del 2018 a la fecha, de los que alrededor de 20 se encuentran vigentes, informó Gonzalo Martínez García, abogado general de la institución.
Se tomó en cuenta los procesos que se generaron a partir del momento en el que asumió el cargo de abogado general; los amparos abordan diveros temas, entre derechos laborales, discriminación, hostigamiento y la búsqueda de obtener un espacio como estudiante.
El amparo para obtener un lugar dentro de la institución académica lo tramitó una persona que quería ser admitida cuando no logró aprobar el proceso de selección, expuso la UAQ que la capacidad con la cual cuenta es limitada, de ahí que era necesario tener esquemas de evaluación para autorizar cada espacio.
De entre los procesos a los cuales se enfrentó la universidad mencionó el que se generó tras recibir la indicación de la autoridad que debía entregársele el pago correspondiente de prestaciones laborales a un exdocente, pero la UAQ se negó, ya que lo había separado del cargo tras tener elementos contra él de cometer hostigamiento sexual.
Asimismo la semana que finaliza recibió la notificación de un amparo que tramitó una estudiante de doctorado de la Facultad de Derecho, a quien en el 2016 se le impuso una calificación reprobatoria, ocurrieron situaciones académicas por las cuales se dio de baja, en el 2022 se reinscribió, solicitó reconocimiento de las materias cursadas, revisión de su calificación, se tuvo que era de 9 y promovió un amparo, al afirmar que sufrió un trato diferenciado que la llevó a no enterarse de diferentes exigencias de las que sí se informó a sus compañeros.
Fue un juez de distrito quien le otorgó el amparo, en el que además se solicitó a la UAQ tomar acciones ante la posible discriminación. En el Consejo Universitario se determinó que el Programa Universitario de Derechos Humanos deberá analizar la queja y dar su resolución al Consejo en, máximo, un mes.
Otro de los amparos fue tramitado por exmaestros y jubilados, quienes exigieron se les reintegraran descuentos que consideraron improcedentes.
