No hay presos políticos en Querétaro, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién respecto de la detención de Jerónimo Sánchez Sáenz, además afirmó que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en el caso.
La detención del profesor y activista fue denunciada públicamente por organizaciones sociales y por su propia familia y demandaron a gobierno buscar la liberación inmediata, al considerar que fue arbitraria.
Sin embargo, el mandatario estatal reconoció que no debe permitirse ningún motín en el estado y las propias autoridades del Poder Ejecutivo, cuando detecte una situación similar, la denunciará.
“Acuérdense que la Fiscalía es autónoma, sé que la Fiscalía lo detuvo por motín, deben tener ahí las pruebas; en Querétaro no hay detenidos políticos, pero cuando nos damos cuenta que hay motín, aunque sea la autonomía de la Fiscalía nosotros mismos pedimos que se averigüe e investigue y si sí no vamos a permitir que nadie haga motín, eso es contra la ley”, aseveró el gobernador.
Jerónimo Sánchez fue detenido el lunes 5 de junio cuando se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para tratar un asunto relacionado con otra persona, y ahí mismo le notificaron de su detención; esto, de acuerdo con el testimonio de sus familiares.
En tanto, la Fiscalía informó de la detención de una persona (que, con motivo del sistema de justicia penal acusatorio, no debe revelar el nombre) por el delito de motín agravado.
“La Policía de Investigación del Delito dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez penal, en contra de una persona imputada del delito de motín agravado; la Fiscalía General del Estado reunió elementos suficientes para acreditar la existencia de un delito, así como la probable responsabilidad del imputado en el mismo […] dicha persona fue puesta a disposición del Juez Penal que lo requería y en las próximas horas se definirá su situación jurídica” expuso la Fiscalía en un comunicado publicado el pasado lunes.
A pregunta expresa sobre si la detención se debió por una denuncia presentada por el gobierno estatal, el gobernador respondió que no fue el caso.
El último caso público, por el presunto delito de motín, fue el de la detención de Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, quien preside los esfuerzos de los comerciantes de La Alameda, fue detenido dos días antes de que las autoridades estatales y municipales desalojaran a los vendedores del lugar. El desalojo se ejecutó la madrugada del 19 de junio del año pasado.
De acuerdo con el Código Penal del estado, el delito de motín hace referencia a “la persona o grupo de personas, pretextando hacer uso de un derecho o aun haciéndolo, perturben el orden público de manera violenta en personas o cosas que amenacen a la autoridad para intimidarla…”.
En el artículo 248 de dicho Código, la pena puede ir de seis meses a cuatro años de prisión y una multa de tres a 30 días.
