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Alrededor del 50% de las sanciones y detenciones en el modelo de Procuraduría Social que comenzó a implementarse el primero de marzo son por hechos de tránsito, indicó el secretario de Gobierno, Martín Arango.
Especificó que en marzo se tiene el registro de 317 asuntos por parte de la procuraduría social, de los cuales 164 han sido hechos de tránsito, 26 seguimientos de queja y 127 procedimientos de solicitud de conciliación.
Agregó que en ese mismo mes se realizaron 51 convenios entre las partes lo que representa un monto de un millón 508 mil 205 pesos por reparación del daño.
“Dentro del mismo periodo, los asuntos con mayor afluencia en este mes fueron temas de carácter vecinal, condominal, daños y hechos de tránsito, así mismo de sanción a cuatro infractores, una persona con arresto administrativo de 30 horas, se pusieron dos multas y una persona con trabajo en favor de la comunidad”, añadió.
Explicó que la diferencia entre procurador social y el juez cívico, es que el primero conoce sobre faltas administrativas y conflictos vecinales que no son hechos en flagrancia, mientras que en el juzgado cívico llegan personas detenidas al momento de realizar la falta.
De forma general, las faltas más recurrentes que han sido denunciadas son los daños en bienes muebles o inmuebles, intimidar a personas, ruidos que atentan contra la tranquilidad de vecinos, y la falta de recolección de heces de animales.
El funcionario explicó que la Procuraduría Social es un área del Modelo de Justicia Cívica, con el que son ampliadas las capacidades para garantizar que los ciudadanos hagan valer su derecho de acceso a la justicia.
“Lo que más nos denuncia gente es por el tema de causar daños en bienes muebles o inmuebles particulares o públicos, aquellos derivados de un hecho de tránsito donde no resulten lesionados, porque si resultan, implica la comisión del delito de lesiones y tiene que ir a Fiscalía”, enfatizó.
Aclaró que las sanciones impuestas por la Procuraduría Social son las mismas que imponen los jueces cívicos, por lo que están contempladas en el artículo 21 de la Constitución.
