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La Contraloría del estado inhabilitó a cuatro ex servidores públicos que formaban parte de la pasada administración estatal encabezada por el ahora titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, confirmó a EL UNIVERSAL Querétaro el secretario de la dependencia, Alejandro López Franco, con lo que suman 25 funcionarios y ex funcionarios inhabilitados.
Desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 6 de septiembre del 2016, la Secretaría de la Contraloría suma 200 investigaciones iniciadas que involucran a 221 servidores y ex servidores públicos del gobierno estatal, detalló el contralor Alejandro López Franco.
De los 221 ex funcionarios investigados, ya se han sancionado a 193. Ocho han sido destituidos, 25 han sido inhabilitados, 61 amonestados, a 68 se les ha aplicado alguna multa, a 13 se les han aplicado sanciones resarcitorias y 18 han sido suspendidos.
Puntualizó que de los 25 inhabilitados, dos funcionarios pertenecen a la actual administración y el resto, es decir 23, son ex funcionarios.
El funcionario estatal puntualizó que uno de los ex servidores públicos pertenecía a la propia Contraloría estatal, dos a un área de la Secretaría de Gobierno y uno más a la coordinación de Comunicación Social, el cual, de acuerdo a versiones extra oficiales podría tratarse de Abel Magaña, quien fungía como titular de Comunicación Social en el pasado sexenio.
En este caso, López Franco señaló que el ex funcionario ya fue inhabilitado por 10 años y el caso fue informado a la Fiscalía General del estado, en donde se argumentó inconsistencia y omisión de datos en su declaración patrimonial.
“Los servidores públicos tenemos una obligación de presentar una declaración patrimonial la cual se hace bajo protesta de decir la verdad. En este caso se revisó derivado de una denuncia ciudadana donde un ciudadano nos dijo que determinado funcionario acumuló ciertos bienes que no checan”.
Acto seguido, la Contraloría se dio a la tarea de verificar la declaración patrimonial del ex funcionario y se comprobaron las inconsistencias, por lo que se determinó vistar la Fiscalía.
Sobre los dos ex funcionarios de la Secretaría de Gobierno, el contralor dijo se les inhabilitó por 10 años, además detalló que en este caso se detectaron irregularidades en una de las áreas de esta dependencia, ya que se descubrió la alteración en una base de datos que tenía como finalidad el cobro de infracciones para beneficiarse en perjuicio de los ciudadanos.
En el caso del ex funcionario de la Contraloría, López Franco señaló que se trata de un caso administrativo, al ser inhabilitado por 7 años. “Una de las tres sanciones que se aplicaron esta semana fue porque el ex servidor no concluyó un proceso adecuadamente, un contrato de compra venta, es decir, tienen que realizar un procedimiento y tienes que cerrarlo, si ingresas un dinero tienes que cerrar la operación sino pones en un estado de indefensión a quienes te compraron. Este es un caso netamente administrativo”, indicó.
El contralor no quiso dar detalles sobre la identidad de los imputados debido a que están en proceso las investigaciones. Sostuvo que todos los ex servidores involucrados en algún procedimiento tienen el beneficio de utilizar los recursos que la ley les otorga para su defensa. “Los ex servidores tienen el beneficio de utilizar los recursos que la ley establece, bajo ese principio yo no puedo difundir una información que todavía no se considera en pleno como una cosa totalmente juzgada hasta que se concluyan todas las instancias”, dijo.
