Con 30 indígenas en proceso de juicio por diversos actos ilícitos en Querétaro, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Rosendo Anaya Aguilar, se congratuló con el apoyo que dará el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a las que están presas.

Y es que alrededor de 300 presas indígenas que están en penales federales y del fuero común, recibirán apoyo mediante la revisión de sus expedientes y el ofrecimiento de traductores de lenguas indígenas en sus procesos penales, gracias a la campaña emprendida por el Inmujeres.

El diputado local Rosendo Anaya avaló el proyecto emprendido por el Inmujeres ya que dijo que la iniciativa presentada por él en meses pasados va en este sentido.

Precisó que aún falta conocer cuántos de los 30 presos en el estado son mujeres y podrían recibir este apoyo, pero insistió en la necesidad de impulsar la iniciativa de ley para la justicia indígena en la entidad, que no distingue entre géneros, pues planea dotar de apoyo legal tanto a hombres como a mujeres indígenas.

“Siempre ha sido un reclamo de las zonas indígenas que tengan sus derechos bien protegidos y la iniciativa que presentamos va no únicamente para mujeres, va para todos los géneros, el hecho de que hoy las mujeres tengan sus intérpretes, que haya ese compromiso desde el gobierno federal, quiere decir que lo que estamos presentando en materia local es acertado”, señaló.

Anaya Aguilar precisó que la iniciativa de Ley de Intervención de Personas Indígenas en Procesos Contenciosos es acertada y se hará lo propio para que el estado tenga esta ley ya vigente a la brevedad posible.

“Desde el hecho de que un indígena esté dentro de un proceso contencioso ya debería ser asistido por un intérprete, independientemente de que alcanzara a entender o tener un nivel de percepción del español”, dijo.

Esta normativa comprende la participación de intérpretes certificados a disposición de los indígenas que enfrenten algún proceso penal, independientemente de que entiendan el español, ya que dijo que en ocasiones los términos legales no son comprensibles para ellos.

“Estamos trabajando con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que nos den sus puntos de vista”, señaló.

El legislador comentó que en el estado no hay traductores certificados, por lo que se requieren cursos, talleres y diplomados de capacitación para este fin.

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