Hace unos días, el pueblo mágico de Taxco se convirtió en el ejemplo terrible de la violencia feminicida que prevalece en el país. El jueves se encontró el cuerpo abandonado como basura de Camila, una pequeñita de ocho años, reportada como no localizada. Más tarde, los medios de comunicación mostraron en vivo el linchamiento, junto a otras dos personas más, de la supuesta asesina de Camilia, golpeada hasta morir con barrotes, varillas, piedras, dientes, pies y manos, por una turba enardecida. Al otro día, la gobernadora Evelyn Salgado, en un discurso vacío como los que siempre se pronuncian en estos casos, prometió "tolerancia cero" ante el asesinato de Camila, al tiempo que se congratulaba por la detención de uno de los presuntos responsables del feminicidio.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida "es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado".

Desde 2017, el estado de Guerrero forma parte del gran número de entidades federativas en las que se ha activado la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida. La Alerta, que se activa ante la inacción y desinterés del Estado frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, tiene como objetivos garantizar su vida, integridad, libertad, seguridad y acceso a la justicia; generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra, y eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian sus derechos humanos.

Sin embargo, aun cuando la responsabilidad de implementar estas acciones y rendir cuentas corresponde a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno, siempre que se ven cuestionados por casos como el de Camila, presentan miles de excusas y se lavan las manos frente a su obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida contra las mujeres y niñas en los territorios que gobiernan y dentro de sus ámbitos de competencia.

Lejos de ser la excepción, Guerrero es la norma. En el estado de Guerrero, de las 20 acciones decretadas por la CONAVIM tras la activación de la Alerta, sólo presentan avance en tres de ellas. Eso mismo ocurre en todos los estados donde se ha activado la Alerta de Violencia de Género.

Desafortunadamente, la mayoría de las autoridades consideran que atender la violencia feminicida no es su responsabilidad. Por eso hacen todo para convencernos de que ésta no ocurre o no es tan grave.

La violencia feminicida se da con la complacencia del Estado.