Durante este sexenio México ha sido escenario de un alarmante incremento en la violencia, lo que se refleja en un total de 186 mil 139 homicidios (incluyendo cerca de 5 mil feminicidios). Este dato da cuenta de un incremento de 53% con respecto al sexenio de Felipe Calderón y de 18.9% con el de Enrique Peña Nieto. Con una media de 90 homicidios diarios, México se ubicó en el noveno lugar de 26 países del continente americano, con la mayor tasa de asesinatos, de acuerdo con el “Informe global sobre Homicidios 2023” publicado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ante este escenario, resulta perturbador que la máxima autoridad del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declare que no existe un aumento en la violencia general, sino solo un incremento en los homicidios. Esta afirmación no solo muestra una clara desconexión con la realidad que viven miles de ciudadanos en la mayor parte del país; es una postura irresponsable e incluso criminal.

La afirmación del presidente intenta minimizar la gravedad del aumento en los homicidios al separar este “tipo” de violencia del concepto más amplio de “violencia”. Esta distinción retórica es un intento por desviar la atención o reducir el impacto negativo de las estadísticas de violencia en la percepción pública sobre la seguridad del país de cara al proceso electoral del próximo 2 de junio.

La postura del presidente desestima la gravedad y las múltiples dimensiones que constituyen la violencia, especialmente cuando se trata de feminicidios, una categoría particularmente atroz de crimen que evidencia no solo la pérdida de vidas, sino también la persistencia de estructuras sociales profundamente arraigadas que perpetúan la violencia contra las mujeres.

Calificar la situación como “menos violenta” cuando las cifras de homicidios están al alza no solo es un acto de negación, sino que tiene serias implicaciones para la política de seguridad pública. La falta de reconocimiento del problema impide que se adopten medidas adecuadas y urgentes.

Si no se reconoce el problema en toda su magnitud, las políticas implementadas para combatirlo serán insuficientes o inadecuadas, lo que repercute en la perpetuación de los ciclos de violencia. Ignorar la realidad no hará que desaparezca, como ha quedado evidenciado a lo largo del sexenio.

La seguridad pública es una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno. La crisis de violencia que se vive en México requiere una acción decidida y transparente.

Las declaraciones del presidente no solo demuestran una desconexión alarmante con la realidad, reflejan, también, negligencia. Ignorar o distorsionar la realidad de esta manera es más que una irresponsabilidad; es una abdicación de las obligaciones éticas y legales inherentes al cargo.

La historia juzgará no solo la incapacidad para mitigar esta violencia, sino también el fracaso en reconocerla.