El gobierno municipal de San Juan del Río dejó sin ejercer 17.7% de los 12.7 millones de pesos que recibió del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) del ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual emitió nueve observaciones en este tema a la administración del edil Guillermo Vega Guerrero.
Asimismo, la auditoría refiere que esta situación generó un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional, además de que el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, al encontrarse que adjudicó 1.7 millones de pesos para la compra de material de protección para elementos de la SSPM, sin fundamentar la selección del proveedor.
Recursos
De acuerdo con el reporte de la ASF, el municipio recibió recursos por 12 millones 787 mil 500 pesos por concepto del Fortaseg para 2016, de los cuales ejerció un total de 10 millones 526 mil 700 pesos al 31 de diciembre de 2016, debido a inconsistencias en los procesos administrativos.
Señaló que el recurso del Fortaseg fue entregado en dos ministraciones validadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la primera fue del 50% del total, sin embargo, en la segunda se entregó 41.6% del recurso, debido a que el municipio no acreditó el cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, y por ello se determinó la falta de recepción de la totalidad de los recursos convenidos.
Debido a lo anterior, la ASF observó que el municipio no ejerció 2 millones 267 mil 400 pesos, que si bien fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, este procedimiento se dio en fechas extemporáneas correspondientes al 15 y 23 de febrero de 2017, y por lo tanto la Contraloría Municipal (actualmente Órgano Interno de Control) inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, a través de la integración del cuaderno de investigación CM/CIPRA/008/2017.
Distribución
El informe señala que el total de los recursos fue utilizado para tres rubros: profesionalización y certificación policial, desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios, además de infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. Asimismo, en cada rubro se podría destinar el recurso para profesionalización, equipamiento e infraestructura.
Se destinaron 2 millones 18 mil 500 pesos en temas de profesionalización, lo que representó 15.8% del total; mientras que del segundo rubro se ejercieron 786 mil 600 pesos para profesionalización, así como un millón 900 mil 300 pesos para equipamiento que sumaron 2 millones 686 mil 900 pesos y significaron 21% del monto total. El tercer rubro representó 45.5%, es decir, 5 millones 821 mil 300 pesos y fue para la profesionalización.
La ASF verificó que se destinó un millón 720 mil pesos para la compra de prendas de protección para la SSPM, mediante un contrato realizado por adjudicación directa por excepción a la licitación pública; sin embargo, se observó que no se fundó ni motivó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que garantizaran las mejores condiciones para el municipio.
Por lo anterior, la entonces Contraloría Municipal informó del inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, con la integración del cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/009/2017.
Transparencia
En lo que refiere a la transparencia, la ASF indicó que el municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del primer, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2016 correspondientes al formato Avance Financiero y los publicó en el periódico oficial y en la página de internet; sin embargo, se observó que no cumplieron con la calidad y congruencia; además, se verificó que no se reportó ni difundió ningún trimestre del formato Gestión de Proyectos. Por este tema se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/010/2017.
Asimismo se detectó que el municipio no realizó la publicación del Convenio Específico de Coordinación y Adhesión al Fortaseg para el ejercicio fiscal 2016, y su Anexo Técnico, por lo que se integró el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/011/2017.
El reporte señaló, además, que el municipio realizó el Informe Anual Municipal de acuerdo con el esquema general establecido en los Lineamientos Generales del Fortaseg 2016, sin embargo, se observó que no acreditó que dispuso en el ejercicio fiscal 2016 de un Plan Anual de Evaluación, ni que realizó la evaluación de desempeño del Fortaseg. Para este asunto fue integrado el cuaderno de investigación con número CM/CIPRA/012/2017.
Observaciones
Como resultado de la auditoría, refiere el informe, se emitieron nueve observaciones a San Juan del Río, las cuales fueron solventadas; no obstante, la ASF dictaminó la falta de ejercicio de los recursos y el retorno extemporáneo.
En el ejercicio de los recursos, la ASF determinó que hubo inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Igualmente se dictaminó que San Juan del Río no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas.
Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el formato Gestión de Proyectos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora.
