El amparo contra el aumento al transporte público es viable, toda vez que la ley establece una consulta ciudadana que no se hizo, afirmó el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Calixto de Santiago.
En entrevista, apuntó que el organismo que representa respalda los amparos colectivos presentados por estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y los Jóvenes Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en contra del aumento a la tarifa del sistema Red Q.
“El amparo colectivo al que nos referimos no solamente es por la sinrazón del asunto y que no se mostraron los estudios técnicos justificativos del aumento, sino también por la propia ley del transporte que refiere de manera directa que toda la sociedad va a ser tomada en consideración para dicho aumento”, indicó.
Agregó que las leyes, además de regular la vida en sociedad deben de ser legítimas ante la sociedad.
Dijo que en la misma ley se explica que para aumentar la tarifa se debe de tomar en cuenta la opinión de todos los sectores de la ciudadanía, aunque ello no se hizo cuando a principios de este mes se dio el aumento del pasaje a Red Q.
“En la propia ley de transporte se refiere de manera directa que toda la sociedad va a ser tomada en consideración para dicho aumento, ya sea en estas cámaras de empresarios, ya sea en los colegios, las asociaciones de profesionistas. Pero no ha sido referido y no fue consultado por parte de la ley de transporte”, enfatizó.
Esto significa, sostuvo, que debió ponderarse el Derecho de la ciudadanía, para que el aumento fuera legítimo y al no ser así, se violentó la propia ley de movilidad del estado de Querétaro.
“La exposición que realizó César Torelo Leal es parte fundamental en lo que refirió ante el Consejo Universitario y por lo cual los universitarios votaron a favor de que se hiciera ese amparo colectivo, pues pretenden la defensa de los intereses universitarios, no solamente de los alumnos, sino también de los maestros”, agregó.
Asimismo, consideró que en amparo resulta viable, debido a la necesidad de tener legalidad en cualquier tipo de incremento al transporte público.
“Para mí hay viabilidad en el amparo, no soló para efectos, sino para que incida de fondo y que directamente tenga la autoridad legal correspondiente”, concluyó.
