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Se planea que tres inmobiliarias se instalen en el municipio de Querétaro, lo que implica cerca de mil 200 viviendas en Santa Rosa Jáuregui y en la delegación Félix Osores Sotomayor, señaló el secretario de Desarrollo Sustentable, Ramón Abonce Meza.
Señaló que estas tres desarrolladoras invertirán su capital con el nuevo Código Urbano, mismo que frenó desde el mes de agosto del año pasado nuevos proyectos.
“Sí ha habido construcción, pero de proyectos que ya estaban autorizados; desde el mes de agosto del año pasado que entró el nuevo Código no había solicitud de nuevos desarrollos”, dijo.
Abonce Meza indicó que los desarrolladores ahora tendrán que garantizar los servicios para la población.
“Es una normatividad mucho más precisa y mucho más clara en cuento a la aportación que deben de hacer a la ciudad. El Código Urbano trae cosas buenas, pero definitivamente tiene un costo mayor para los desarrolladores; por ejemplo, el espacio que dejen ellos para equipamiento urbano ahora tiene que ser con servicios, no nada más tiene que ser el terreno”.
Puntualizó que las desarrolladoras entendieron que este nuevo Código Urbano representa beneficios para la población, ya que la mayoría de las veces el municipio no tiene recursos suficientes para invertir en infraestructura, por lo que esos espacios se quedaban como lotes baldíos.
Por otro lado, indicó que las desarrolladoras que actualmente están invirtiendo en la capital son las pequeñas y medianas.
“El sector se había visto afectado fuertemente por la crisis de los grandes desarrolladores; los medianos y pequeños están tomando el relevo, (pues) los grandes están en problemas de reestructuración interna y es muy difícil que inicien nuevos desarrollos; los medianos y los pequeños todavía estaban esperando si había una modificación en el Código Urbano y los había mantenido a la expectativa”, dijo el secretario.
Con nueva reglamentación, Abonce Meza espera que se normalice la inversión de este sector.
Recordó que el ayuntamiento apoyó a cerca de 15 unidades habitacionales en las que el desarrollador se deslindó de cubrir los servicios a los que están obligados mientras se entrega el fraccionamiento al municipio.
