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La senadora Marcela Torres Peimbert presentó este jueves un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) que evite la quiebra financiera del municipio de Cadereyta, luego del fraude que cometieron ex funcionarios del gobierno anterior.
“La propuesta a la autoridad hacendaria es para que instrumente un Programa de Rescate Financiero por el mal manejo de los recursos de los cadereytenses y que involucra un fraude de más de 100 millones de pesos, lo que representa 50% del presupuesto de este municipio”, precisó.
“Lo preocupante de este tipo de deudas incosteables es que los gobiernos entrantes ven limitada su acción y el cumplimiento de sus obligaciones legales”, dijo.
Detalló que en julio de 2015 y presentó un punto de acuerdo para alertar al ex gobernador, José Eduardo Calzada Rovirosa, hoy titular de la Sagarpa, y al presidente Enrique Peña Nieto sobre las acciones fraudulentas del ahora ex presidente municipal, Rodrigo Mejía, y de su gabinete, pero “hicieron caso omiso”.
“Se exhortó al secretario de Planeación y Finanzas del estado para coordinarse con las autoridades del ayuntamiento y estructurar un esquema financiero, a fin de cumplir con la responsabilidad constitucional y contractual de cubrir los salarios y prestaciones de un grupo de 162 trabajadores sindicalizados a quienes se les debían diversas sumas por concepto de sueldos, aguinaldos y prestaciones sindicales”, explicó.
Sin embargo, la administración anterior dejó el problema al actual gobierno, situación que compromete peligrosamente el presupuesto: “Cadereyta cuenta con un presupuesto de 208 millones de pesos, pero debido al boquete financiero ahora se encuentra al borde de la quiebra”.
Además, se deben casi 12 millones de pesos a la SCHP por no haber pagado impuestos durante el último ejercicio fiscal; 47 millones de pesos a diversos proveedores; 6 millones por la última feria que realizó el gobierno pasado, y más de 600 mil pesos ante la Comisión Estatal de Aguas, por falta de pago de sus servicios.
Dijo que la situación por la que atraviesa Cadereyta es un claro ejemplo de corrupción, por lo que se debe aplicar la nueva Ley Anticorrupción para que el acto no quede impune.
Enrique Bolaños, actual presidente municipal, apuntó que ante los malos manejos hechos por la anterior administración, ya fue interpuesta una demanda penal contra quien resulte responsable; así como otras denuncias, administrativas y resarcitorias, para todos los casos.
