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De un total de 38 indígenas que permanecen en reclusorios del estado, ocho están en posibilidad de obtener su libertad bajo fianza; sin embargo, han permanecido recluidos por falta de asesoría legal en su idioma, informó Aurelio Sigala, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien anticipó la disposición de asesores legales que dominen la lengua otomí.
Explicó que, en lo que va del año, 24 indígenas han sido excarcelados, gracias al apoyo de los traductores con especialidad en Derecho, que han dado seguimiento a sus casos; los delitos cometidos por la mayoría de los recién liberados estaban relacionados con lesiones por riña e ingesta de alcohol y que alcanzaban fianza.
“Las lesiones provocadas en peleas son los principales delitos que mantienen presos a los indígenas que son susceptibles de ser puestos en libertad, pero también reconocemos que actualmente hay 30 personas recluidas por delitos graves que no alcanzan fianza y en estos casos no hay posibilidad de excarcelarlos”, indicó.
De acuerdo con los registros de la CDI, en la entidad habitan 63 mil 265 indígenas que representa 3.1% de la población total queretana, que equivale a 2 millones 38 mil 372 habitantes, según cifras de 2015.
Dijo que, a través de la CDI, la entidad dispone de 15 traductores con especialidad en leyes para atender a los presos que alcanzan fianza, pero que por falta de una adecuada representación legal no pueden hacer valer este derecho.
“Estos 15 traductores e intérpretes están certificados, pero regularmente, de estos empleamos a seis que participan en las diligencias para apoyar a los indígenas, se les paga por este apoyo, de todos los traductores, tres son abogados y acompañan a los demás en estos procesos legales”, refirió.
La CDI cuenta con un programa de apoyo en fianzas, para absorber los gastos que represente poner en libertad a los indígenas que purgan penas menores. Con este esquema, la comisión puede aportar hasta 100 mil pesos para fianzas y otros 100 mil pesos por concepto de reparación de daños.
Violación, de los delitos más graves. El delegado de la CDI reconoció que 27 de los 30 indígenas recluidos purgan penas por el delito de violación, el resto fueron encontrados culpables por narcotráfico y por homicidio
Admitió que las violaciones de las que se les responsabiliza fueron cometidas mayormente en las comunidades de origen de los imputados.
“Estos son delitos que deben pagar, no hay manera de ayudarles, en su mayoría los indígenas cometieron abusos sexuales y deben cumplir con el periodo de sentencia que se les aplicó”.
Consideró que el número de traductores disponibles son suficientes para atender a quienes se encuentren presos y a otras familias del sector que requieren asesoría legal o representación en el inicio de otros trámites.
Agregó que, de la mano del apoyo legal, se brinda orientación a las poblaciones indígenas para advertir de las consecuencias del consumo inmoderado de bebidas alcohólicas y los conflictos legales en los que se pueden ver involucrados por protagonizar riñas y que pueden traer fatales consecuencias como la reclusión.
Dijo que la delegación está en espera de conocer la partida presupuestal que se destinará para apoyar a los pueblos indígenas de la entidad. La CDI solicitó más de 300 millones de pesos para emprender programas a favor de este sector de la población queretana.
