El delito contra la salud en la modalidad de posesión de drogas es el tercer delito más cometido por menores, aseguró Mariela Ponce Villa, magistrada especializada en justicia para menores.

“Lo que nos está llegando son simples poseedores, para consumo personal e inmediato y son dosis que rebasan la dosis que tiene la tabla de la Ley General de Salud, hemos tenido dos casos de asuntos donde sí hay transporte de mariguana”, declaró Ponce Villa.

Por esa razón son encausados a programas contra adicciones, cuando se detecta un problema grave; durante 2013 el índice de delitos cometidos por menores de edad se ha mantenido, según explicó, no ha disminuido, pero tampoco ha aumentado. “En 2013 llevamos 165 causas iniciadas, de las cuales el tercer lugar lo ocupa la simple posesión de narcóticos. Tenemos un comportamiento estable en comparación del año anterior, pero el año anterior tuvimos un incremento de poco más de 50% en comparación con 2011, ahorita se nos ha mantenido”, dijo el juez.

Explicó que en Querétaro se vive una violencia “doméstica”, en la que los menores no cometen delitos graves ni con lujo de violencia, no así los casos donde intervienen personas que vienen de otros estados sólo a delinquir y se van.

“Tenemos una violencia que yo le llamo doméstica; se meten a una tienda a robar, pero no con violencia o mano armada. Hay menores que se acompañan de adultos que vienen de otras entidades y cometen delitos graves”.

En los casos de posesión simple de droga los implicados enfrentan un proceso en libertad, de acuerdo con la sentencia; en los últimos tres años sólo ha habido dos casos de narcomayoreo. “No los utilizan (la droga), son ellos que tienen directamente la posesión. (Hay) unicamente dos casos de narcomayoreo. El primer caso fue en 2010 y otro en 2012, con un total de 21 kilos de mariguana; en el primer caso nueve y otro más con 12 kilos”.

Un proceso para menores tiene una duración promedio de dos meses y medio, desde el inicio hasta la sentencia; un trámite rápido, dijo, que se ve favorecido con la entrada en vigor de los juicios orales para menores. “Dependiendo de la conducta, si no tiene medio alterno de solución entonces se somete a un procedimiento ordinario que es el juicio oral, que tiene una duración aproximadamente de dos meses y medio desde la vinculación hasta la sentencia”, dijo Ponce Villa.

Cuando se detecta a un joven con problemas de adicciones a las drogas es canalizado a centros de adicciones o en coordinación con los padres se somete a tratamientos de rehabilitación.

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