El término “Lawfare”, conocido también como “Guerra jurídica”, difundido por primera vez por Charles J. Dunlap Jr., General de división (retirado) de la Fuerza Aérea de EUA y recuperado por Arantxa Tirado Sánchez, en su libro “El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley”, remite a un procedimiento mediante el que se sojuzga de forma aparentemente legal a los países latinoamericanos que toman una dirección adversa a los intereses del sector público-privado estadounidense. La embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplo de esta forma de operación.

Amparándose en la legalidad y conservando las apariencias democráticas, este mecanismo combina intervenciones judiciales, mediáticas, políticas y económicas, mediante las que elabora una narrativa en la que asevera que la ley se aplica conforme a derecho, aunque en muchos casos se trate de decisiones arbitrarias que responden a intereses creados por grupos de poder.

El lawfare implica el desarrollo de una guerra por la vía legal, donde el uso de la ley se convierte en un arma poderosa para destruir al enemigo que no se pudo vencer por la vía electoral. La operación de este dispositivo toma lugar en el marco de conflictos entre proyectos políticos progresistas y la restauración neoliberal de la mano de derechas y ultraderechas dispuestas a realizar cualquier acto que les permita recuperar el terreno perdido en la esfera política formal.

Se trata de una guerra que opera elevando al poder judicial, en alianza con la oligarquía, por encima del poder ejecutivo y legislativo.

Precisamente, porque su estructura está integrada por una minoría privilegiada, no electa por sufragio y con alto nivel de competencia para promover con éxito la judicialización de la política. De esta manera, una élite que goza de autonomía, con un sistema de recambios acotado y exenta del ejercicio de la rendición de cuentas, tiene la capacidad de coaccionar y definir el destino político, económico y social de un Estado.

El caso del Tribunal Federal Electoral sucedido la semana pasada es una puesta en escena de lo anterior. Otro ejemplo lo constituye el “blindaje” jurídico promovido por la facción del PAN en el Congreso de Tamaulipas para proteger al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ante el posible intento de desafuero en su contra de la próxima legislatura dominada por Morena y así impedir que sea procesado por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, operaciones de procedencia ilícita y defraudación.

El amparo para evadir la aplicación de la justicia representa otra de las caras del lawfare. Un instrumento que nació para proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, devino en moneda de cambio para utilizarse en favor de grupos de interés.

La experiencia que hoy vivimos nos coloca ante la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley. Estamos frente a un dispositivo dirigido a socavar la existencia de gobiernos progresistas que intentan revertir las condiciones de injusticia.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale