En cada vez más municipios en el suroeste del país los pobladores toman armas y establecen retenes en las carreteras con la finalidad de impedir los secuestros, robos y extorsiones que los han asolado en los últimos años. Es responsabilidad de las autoridades que se haya llegado a ese punto. Una noble intención que, sin embargo, es inviable en el largo plazo pues las turbas se rigen por la emoción, no por la racionalidad.

La ley existe por una razón: para garantizar la protección de la sociedad con orden, de tal manera que en la búsqueda de prevenir y castigar el delito no se comentan más atropellos.

Las policías pueden desobedecer la ley (lo cual han hecho), pero la respuesta frente a ese problema no es mejor si se les sustituye con cuerpos que ni siquiera están formalmente sometidos a mandato legal alguno.

Son los tribunales, las defensorías, las contralorías, las únicas instancias que pueden frenar a el abuso de poder. Tómense los casos de inocentes liberados tras años de prisión como ejemplo. Si su presunta culpabilidad dependiera de un criterio de simple apreciación, en vez de investigaciones, lo que la policía haría son campañas de desprestigio contra los detenidos.

Es bien recordado el linchamiento en San Juan Ixtayopan, en el sur de la ciudad de México, en noviembre de 2004. En esa ocasión, policías federales fueron asesinados por una turba convencida de que los agentes eran en realidad secuestradores de niños. La única evidencia que los instigadores tenían era que los individuos tomaban fotografías a las afueras de una escuela.

Con similar simpleza actúa toda justicia comunitaria. Los tribunales, como los policías y ministerios públicos pueden ser incompetentes, pero al menos sus acciones son fiscalizables. Llegado el momento, como ha sucedido, se les puede destituir o enjuiciar según el nivel de apego legal de sus acciones. En las asambleas y las guardias comunitarias, en cambio, la opinión más ruidosa es la que se impone, el prejuicio.

Si un inocente parece culpable, ¿se le brindará el beneficio de la duda en medio de una muchedumbre? En caso de comprobarse un error, ¿serán enjuiciados los juzgadores? No existen las defensorías comunitarias, ni las comisiones populares de derechos humanos. La distancia no es mucha entre eso y el paramilitarismo que tanto daño ha hecho en este hemisferio.

La más elemental de las obligaciones del Estado mexicano es la seguridad, no por sencilla sino por necesaria. Cuando ésta no se cumple los ciudadanos se defienden como pueden. Aun así, no hay otra opción más que mejorar las instituciones o crear otras. La otra alternativa, la autodefensa, nos acerca más al caos.