La ciudad se ha construido como una asociación más o menos autosuficiente que reconoce ciertas reglas de conducta como obligatorias. La ciudad es, en una escala mínima, el reflejo del Estado moderno como institución. Estas reglas de conducta especifican un sistema de cooperación planeado para promover la satisfacción de las necesidades básicas de aquellos que lo conforman. Se trata de una acción cooperativa para obtener ventajas mutuas, caracterizada por el conflicto y la identidad de intereses que plantea la diversidad y la globalización de las sociedades actuales. Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países con economías emergentes, como México, se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza, contribuyen a la depredación del ambiente, aceleran los procesos migratorios, incrementan la urbanización, generan segregación social y espacial, y fomentan la privatización del espacio público. Esto favorece la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad, por lo que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La ciudad es una institución, un objeto humano producto de la urbanización, que dependiendo de cómo es construida, gobernada, planeada y gestionada, puede ser un elemento de vital importancia para garantizar los derechos humanos o, por el contrario, vulnerarlos.

Sin lugar a dudas, el derecho a la ciudad es parte de la categoría de los derechos sociales. Es un derecho humano emergente, producto de las migraciones urbanas y conurbaciones, que requiere de un marco de garantías en el sistema del derecho internacional para su posterior incorporación a los sistemas jurídicos nacionales en conexidad con otros derechos fundamentales para ser garantizados por el Estado constitucional. Existen significativas aportaciones en el desarrollo del derecho a la ciudad; la mayoría de ellas han sido recientemente elaboradas. La tradición griega se vinculó con el concepto de la polis —de la ciudad-estado— desde la época clásica, y aparece dotada de un complejo marco constitucional con el que se articulan las normas de convivencia, se especifica el grado de participación en las tareas públicas y se determina su funcionamiento y la competencia del gobierno, mediante leyes acatadas por todos.

Si observamos la historia de las ciudades, podemos ver claramente cómo las estructuras urbanas y el planeamiento han influido sobre el comportamiento. El concepto moderno de ciudad deviene del movimiento del urbanismo de la vida moderna neoyorkina, donde el automóvil es el referente fundamental, imponiéndose la visión urbanista de la ciudad vertical y sus problemas de movilidad colapsada, espacios públicos erosionados, zonificación euclidiana y crisis de sustentabilidad. Sin embargo, la corriente actual del Nuevo Urbanismo, al explicar cómo funcionan las ciudades en la vida real, asegura que las ciudades son un inmenso laboratorio de ensayo y error, fracaso y éxito para la construcción y el diseño urbano, y señala cómo el aumento masivo del automóvil y la ideología urbanística del Modernismo, que separa los usos dentro de las ciudades y enfatiza la construcción de edificios que terminarían por destruir el espacio y la vida urbana, han dado como resultado ciudades sin gente, ni actividades.

Hoy, la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia. Más que cualquier otra cosa, la ciudad es su espacio público, principalmente el espacio peatonal, pues los seres humanos no pueden estar en el espacio de los automotores, ni en los espacios privados que no les pertenecen como colectividad. La cantidad y la calidad del espacio público determinan la calidad urbanística de una ciudad, por ello, cuando un espacio público es bueno, cuando en él ocurren muchas actividades no indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo, cuando se apropian de la calle o bien participan en su fabricación.

Ciudad, espacio público y ciudadanía son tres conceptos casi redundantes, pues la ciudad es ante todo un espacio público, donde se ejercen los derechos públicos de la ciudadanía. Es un espacio abierto y significante, habitado por ciudadanos libres e iguales. Vale la pena puntualizar que la ciudad es una realidad histórica, geográfica, social, cultural y política, una concentración humana diversa, dotada de identidad o de pautas comunes y con vocación de autogobierno. Pero también es, desde la Filosofía Política, un lugar de representación y expresión colectiva de la sociedad, el espacio material e ideológico, donde las libertades se ejercen y los derechos humanos se exigen democráticamente; este es el reto de la zona metropolitana de Querétaro para las próximas décadas.

Abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la UAQ

Google News