Más allá de lo que arrojen las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de los dos expresidentes que hoy están en la mira y en calidad de imputados por Emilio Lozoya, el único que realmente le interesa al presidente López Obrador es Felipe Calderón, quién se ha convertido no sólo en su némesis y su “villano favorito” sino en una auténtica obsesión. La investigación que le abrirá el fiscal Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue, en la óptica del actual Presidente no sólo un “gobierno espurio” sino también un “narcoestado”, según dijo el propio mandatario en días recientes.
Esa fue una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto por que acusara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza por haberlo abandonado y traicionado cuando comenzó la persecución judicial en su contra. La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador era lo que Emilio sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado.
Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el gobernador priista de Veracruz de aquel entonces, los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht, para quien ya operaba asuntos financieros e inversiones en México en estados con industria petrolera como Tamaulipas, Tabasco, Campeche y el propio Veracruz. Lozoya contactaba desde entonces a políticos mexicanos y sobre todo a candidatos a gubernaturas para ofrecerles apoyos a sus campañas a cambio de que luego le permitieran a la compañía brasileña obtener contratos y realizar inversiones en el sector energético en sus estados.
Fue así que, incluso antes de conocer a Peña Nieto y de colaborar directamente con él, Emilio Lozoya ya tenía una relación cercana con la familia Odebrecht y ya operaba asuntos para ellos en México en el gobierno de Felipe Calderón, por lo que conoce a detalle cómo se negociaron no sólo las facilidades para la inversión multimillonaria de Brasken que junto con la mexicana Idesa invirtieron 5,200 millones de dólares en el complejo de Etileno XXI, sino también los privilegios y concesiones en “insumos baratos” que Pemex le otorgó a los inversionistas brasileños en el contrato que firmó su entonces director Francisco Suárez Coppel, con el conocimiento y aprobación del entonces Presidente de la República para que el consorcio Brasken-Idesa pagara tarifas más bajas de las que existen en el mercado por el abastecimiento del gas etano que Pemex le suministra a la planta privada. De hecho, un informe de la Auditoría Superior de la Federación documentó en 2019 que Pemex perdió 3 mil 642 millones de pesos en la venta del etano al complejo Etileno XXI por tener que venderlo más barato de su costo de producción y de transporte.
Es con esa información detallada proporcionada por Lozoya que están armando la acusación contra el gobierno de Calderón y con la que podrían llamar a declarar al expresidente en calidad de acusado. Y aunque lo mismo pasaría con Peña Nieto, a partir del dinero que ingresó a su campaña y los sobornos de hasta 500 millones de pesos que el expresidente y Luis Videgaray ordenaron pagar a diputados y senadores para aprobar las reformas peñistas, y que ayer el presidente López Obrador decía que los dos exmandatarios y todos los acusados por Lozoya tienen que acudir a declarar ante la justicia, en la realidad el principal interés de este juicio, al menos desde Palacio Nacional, está en las acusaciones contra Calderón y no tanto hacia Peña Nieto.
El propio Presidente ha dicho a sus cercanos que Peña y Videgaray podrían declarar incluso por escrito o mandar su declaración firmada a la FGR, pero en el caso de Calderón sí se buscará por todos los medios legales que sea presentado ante un juzgado y que responda por los señalamientos y hechos irregulares y de corrupción que acusa Emilio Lozoya en el contrato otorgado a Odebrecht y a su filial Brasken para la producción y venta del etileno producido en su planta de Coatzacoalcos. Así que serán dos exmandatarios bajo proceso judicial, pero tal vez no a los dos se les juzgue con la misma dureza de la ley.
NOTAS INDISCRETAS…
Un departamento de lujo en las torres Coca-Cola de Rubén Darío, es el lugar en donde Emilio Lozoya lleva muy bien su prisión domiciliaria, rodeado de lujos y comodidades, a pesar de que ya tuvo que entregarle sus otras residencias al fiscal Alejandro Gertz Manero, tanto la mansión de Lomas de Bezares, como la de Ixtapa Zihuatanejo y hasta una casa en Bosques del Pedregal, a fin de tratar de cubrir el desfalco de 200 millones de dólares provocado a Pemex por la compra fraudulenta de la Planta de Agronitrogenados. Así que, aunque le han quitado mucho, tampoco lo ha perdido todo y, sobre todo lo que no pierde aún “detenido” es el estilo Polanco que tanto le gusta al ex director de Pemex…El senador Napoleón Gómez Urrutia afirma en un mensaje enviado a esta columna que su nacionalidad mexicana no está en duda y que al haber obtenido el “certificado de nacionalidad” que le otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores, él renunció a cualquier otra nacionalidad y a cualquier tipo de lealtad a otro gobierno extranjero, por lo que en términos del artículo 32 resultó plenamente elegible para senador de la República y accedió al cargo sin restricción alguna. Incluso asegura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó su condición de elegibilidad cuando les presentó dicho certificado de nacionalidad y que por tanto tiene vigentes sus derechos para participar como senador en los asuntos legislativos. Todo en respuesta a los cuestionamientos de sindicatos de mineros disidentes que tratan de demostrar que nunca renunció a la nacionalidad canadiense…Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.
