“Es algo que la ciudadanía está pidiendo en BC porque dos años son pocos”. Con estas palabras Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido político Morena, expresó su apoyo a la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador del estado de Baja California, electo el pasado 2 de junio.
En 2014, el congreso local optó por empatar la elección de gubernatura con los comicios federales intermedios de 2021. Dispuso que, por única vez, la gubernatura electa en 2019 duraría sólo dos años. La modificación recién aprobada por el congreso de Baja California busca extender este mandato a cinco años y pasar a 2024 el empate de las elecciones de gubernatura con los comicios federales.
La medida tiene un beneficiario: Jaime Bonilla, actual gobernador electo de Baja California, quien contendió como candidato de la coalición Morena-PT-PVEM y el partido local Transformemos. Participó en la elección convocada para una gubernatura de dos años. Al obtener su registro como candidato a la gubernatura impugnó el acuerdo del Instituto Electoral de Baja California con el fin de conseguir la extensión del mandato de dos a seis años.
En un primer momento parecía haberlo conseguido, luego que el Tribunal Electoral de Baja California se erigiera en una especie de supremo tribunal constitucional y ordenara la inaplicación del octavo artículo transitorio de la propia constitución local que estableció un mandato de dos años. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió este exceso. Aclaró que la convocatoria de la elección a la gubernatura era un acto consentido por Jaime Bonilla que había quedado firme y, por lo tanto, la sentencia del tribunal electoral local que amplió el mandato quedó revocada. Pero lo que no pudieron conseguir en tribunales, Morena y Jaime Bonilla han tratado de obtenerlo con un cambio a la constitución local.
El artículo 105 de la Constitución federal prohíbe modificaciones 90 días antes del inicio de los procesos comiciales. Dado que el proceso para renovar la gubernatura empezó el 9 septiembre de 2018, la modificación a la constitución local llega más de un año tarde.
Regresar en el tiempo para ampliar el mandato no es una “corrección”, como dice Jaime Bonilla, sino una violación grave al Estado de derecho. Tampoco responde a una petición de la ciudadanía, como dice Polevnsky, sino a los intereses del gobernador electo. Por ello, sólo queda esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la medida y haga prevalecer el Estado de derecho.
Consejero electoral del INE
