El gobierno de la Cuarta Transformación no tiene congruencia. En una semana dos tremendos errores jurídicos y uno político (de operación). Con la desesperación del disparo de los homicidios dolosos o violentos durante el primer mes de gobierno de López Obrador, lanzaron la convocatoria para reclutar a jóvenes que pretendan incorporarse a la “Guardia Nacional”. El problema legal es que no existe marco normativo que avale la emisión de la convocatoria; jurídicamente no existe la “Guardia Nacional”, un cuerpo policial que está en proceso de creación, la iniciativa obra en manos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, falta la aprobación de la reforma a la Constitución, para después emitir la ley secundaria. En el presupuesto de egresos ni siquiera fue considerada la Secretaría de Seguridad Pública, a Gobernación le asignaron los más de 60 mil millones de pesos, presupuesto que deberá compartir con Seguridad Pública, una vez que sea creada legalmente esa institución gubernamental. Algunos diputados y organizaciones no gubernamentales se oponen rotundamente a la militarización de la policial. Por lo tanto, la convocatoria adolece de nulidad, al parecer a nadie le importa y el gobierno ha iniciado a reclutar a los jóvenes que aspiren a ser militares en funciones de policías.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, “oficializó” la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco, dijo que está cancelada desde el pasado 27 de diciembre, debido a la compra de mil 800 mdd en bonos que estaban en manos de tenedores extranjeros; ya solo se deben 4 mil 200 mdd de los bonos. Y falta por resolver el asunto de los mil 500 mdd de la Fibra E, hasta entonces se dará un informe detallado. ¿Qué? El secretario también aseguró que se inició la negociación con los empresarios constructores para dar por terminados los contratos anticipadamente. ¿Con qué facultad jurídica realiza la rescisión unilateral de los 300 contratos? ¿Tiene la personalidad jurídica de la representación para hacerlo a nombre del gobierno federal o solo es un anunciador? Por supuesto que el secretario no tiene esa atribución, fue un pronunciamiento político sin sustento jurídico. Las dudas continúan sobre la enorme deuda que generará el gobierno federal debido a la caprichosa cancelación del NAIM de Texcoco y el inminente inicio de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, aeropuerto militar de la defensa Nacional y Marina. Cualquier lego en materia de contratos sabe que, una vez firmado un contrato, no se puede rescindir unilateralmente sin que conlleve una sanción penal que se traduce en una pena pecuniaria que debe pagar quien decide rescindir el contrato, luego entonces la cancelación de los 300 contratos con los empresarios será multimillonaria a cargo de las finanzas del gobierno federal; esos contratos no pueden ser trasladados, como lo proponía López Obrador, con el mismo “volumen de obra” en el aeropuerto de Santa Lucía, ello es imposible dado que se trata de obras diferentes que modifican de fondo y forma los contratos. Otro asunto sin pies ni cabeza que costará al erario miles de millones de pesos, además de aquello construido que se irá a la basura, también tiene un costo superior a los 6 mmdd, tomando en cuenta que la obra fue calculada en 13 mmdd.
El desabasto de gasolina en varios estados ha generado molestias y dudas. Apenas anunció el presidente de la República que habían cercenado de tajo el robo “institucional” de gasolina por miles de litros que salían de las instalaciones de Pemex, para después ser vendida en las gasolineras. Si esto fuese cierto y ya no hay robo de combustible, ¿por qué entonces el desabasto? El presidente justificó el desabasto debido a que no se está surtiendo por medio de los ductos, ahora se distribuye por medio de pipas y operativamente tarda más para ser entregado el combustible. A nadie convenció y el problema subsiste. ¿Van por el sindicato petrolero?
