Las contralorías municipales no tienen la facultad para sancionar a los funcionarios públicos que realicen actos indebidos durante sus funciones, aunque sí pueden proponer los castigos para estas personas, informó la coordinadora de la Comisión Estatal Permanente de Contralores, Leticia Nohemí Escamilla Chávez.
Destacó que es importante que los órganos de control interno de cada localidad deban trabajar por la prevención de delitos, así como la revisión de los casos y las sanciones que se lleven a cabo en las entidades.
En el marco de la inauguración del taller sobre la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, la también contralora del municipio de San Juan del Río aseguró que es necesario que se dé continuidad a la capacitación de estos temas para evitar futuros problemas en las diversas dependencias.
Explicó que cada uno de los municipios cuenta con un órgano de control, que tiene como finalidad la vigilancia de las acciones de los funcionarios de todos los niveles.
Comentó que la comisión estatal que representa busca hacer más eficientes los resultados de estos órganos, así como homologar los criterios de evaluación en todas las entidades, aunque esto será un trabajo, que aunque se ha avanzado, tendrá que continuar la siguiente administración que quede al frente de la comisión, pues habrá cambio de dirigencia en marzo próximo.
Sanciones
Escamilla Chávez dijo que las condenas que se imputen a cada funcionario se regirán con base a las leyes internas de la entidad, por lo que ni la Comisión Estatal de Contralores tiene la facultad para involucrarse en dichos asuntos, esto lo comentó al ser cuestionada sobre el proceso que se sigue al ex presidente municipal de Corregidora, Carmelo Mendieta.
El municipio de Corregidora, a través de la contraloría municipal, interpuso, el año pasado, ante la Procuraduría General de Justicia una demanda contra el ex alcalde del ayuntamiento Carmelo Mendieta, por el ejercicio indebido de recursos, además se investiga a la ex primera dama de la entidad, Martha Jiménez de Mendieta, por permitir que una persona recibiera un pago de nómina en el DIF sin que asistiera a laborar.
Por su parte el contralor de dicho municipio, Julián Martínez Ortiz, comentó que si bien es cierto que se sigue el proceso legal en contra del ex edil y su esposa, ellos no tienen injerencia en el caso y será hasta que las autoridades judiciales den a conocer la resolución cuando ellos se podrán manifestar al respecto.
Aunque no descartó que se pida una inhabilitación del ex funcionario, lo cual será propuesto al poder legislativo de la localidad.
