Imelda, el calvario de una mujer violada

La vida de Imelda Cortez es un interminable calvario en El Salvador: nació hace 20 años en pobreza extrema en Jiquilisco, en el suroriental departamento de Usulután, y desde los 12 padeció violaciones sexuales de su padrastro, Pablo Henríquez, de 64 y ahora de 71 y encarcelado.

Con 18 y sin saberlo, la joven quedó embarazada en 2016 y en 2017 sufrió un sangrado, parió de urgencia en la letrina de su casa y la bebé sobrevivió, pero la madre fue encarcelada y acusada por tentativa de homicidio agravado por sospechas de aborto. La niña tiene 20 meses de edad y está sana y salva.

Privada de libertad y sin que el Estado salvadoreño le garantizara atención médica y sicológica, con riesgos a su salud e integridad con una leve capacidad cognitiva, Imelda comenzará a ser juzgada hoy en El Salvador en un caso emblemático en uno de los países más violentos del Hemisferio Occidental y que es uno de los seis de América Latina y el Caribe en los que el aborto en cualquier forma está absolutamente prohibido.

“Esta joven ha sobrevivido a muchos años de violencia sexual”, adujo la abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), institución interamericana de defensa de los derechos humanos.

“Ha sido víctima de pobreza y exclusión social y es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que afecta, particularmente, a mujeres en situación de vulnerabilidad”, dijo Aguiluz a EL UNIVERSAL.

“El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres”, lamentó, por su parte, la salvadoreña Morena Herrera, jerarca de la (no estatal) Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, de San Salvador.

Dan a Dafne 16 años de prisión por parto fortuito

Sistema patriarcal

“Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos, una vez más, cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto. Es muy grave y triste ver que nada cambia en uno de los países más restrictivos del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras las mujeres mueren y abarrotan cárceles sin motivo”, afirmó. CEJIL precisó que “durante toda su vida, [Imelda] enfrentó una situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social”.

Con apenas 12 años fue sometida por su padrastro a violencia sexual reiterada y quedó encinta a los 18.

El 17 de abril de 2017 tuvo un parto extra-hospitalario en la letrina de su casa y, con un fuerte sangrado y pérdida del conocimiento, fue llevada por su madre y familiares del padrastro a un hospital.

Una médico residente de turno alertó a la policía de sospecha de aborto. La joven, entonces con 19, fue detenida y tres días después la Fiscalía General de El Salvador cambió el delito y la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa.

El aborto en esa nación tampoco es permitido ni siquiera en circunstancias extremas de peligro a la salud y la existencia de la madre, de inviabilidad del feto por malformaciones incompatibles con su vida o si el embarazo fue por incesto o violación.

El asunto movilizó a organizaciones no estatales de defensa de los derechos humanos de América y Europa, que denunciaron que en el proceso penal tampoco fueron respetados los derechos de Imelda y que, “en clara violación de la presunción de inocencia”, la joven fue detenida sin motivos suficientes.

arq