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El Gobierno de Querétaro ha logrado la recuperación de nueve inmuebles que forman parte del patrimonio estatal, como resultado de revisiones jurídicas y administrativas realizadas desde el inicio de la presente administración, informó la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel.
Detalló que siete inmuebles fueron recuperados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el municipio de Corregidora, mientras que dos predios de gran extensión pertenecientes a Pemex fueron reintegrados al Estado, uno de ellos ubicado en El Marqués, frente al Hospital del IMSS, y otro más en la zona de La Purísima.
Sobre los predios de Pemex, explicó que originalmente se trató de una donación condicionada a la ejecución de un proyecto que nunca se concretó.
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“Cuando no se recibe el proyecto por parte del Estado, hicimos la recuperación para que vuelva a formar parte del patrimonio estatal”, precisó, al aclarar que no existía vigencia formal de la donación.
En cuanto a la situación legal, Luna señaló que aún existen dos juicios en curso relacionados con predios de la CNC, también en Corregidora, aunque subrayó que el diálogo con esa organización se mantiene. “CNC sí va a tener el comodato, estamos por firmarlo ahorita; el tema agrarista se sobresalva ahí y no tenemos ningún problema”, afirmó.
La funcionaria explicó que el proceso de recuperación de inmuebles ha sido complejo, ya que algunos casos implican fallecimiento de antiguos ocupantes o convenios judiciales, por lo que evitó dar una cifra global de litigios activos. “No me gustaría darte un dato exacto, porque algunos ya se resolvieron mediante convenios y otros siguen en análisis”, señaló.
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Respecto a las dimensiones de los predios recuperados, destacó que se trata de terrenos amplios y estratégicamente ubicados, particularmente los de Pemex. “Son terrenos muy grandes, están enfrente del hospital del IMSS”, apuntó. También adelantó que la información detallada sobre su superficie será precisada posteriormente.
Reiteró que el objetivo central de estas acciones es recuperar inmuebles que no tenían uso ni proyecto activo, a fin de reintegrarlos al patrimonio estatal y evaluar su aprovechamiento futuro en beneficio del gobierno y la ciudadanía.
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