El Poder Judicial de Querétaro planteó la posibilidad de ampliar las restricciones para quienes incumplen con el pago de pensiones alimentarias, incluso para trámites federales, como la expedición del pasaporte.
Respecto a la posibilidad de aplicar dichas restricciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Braulio Guerra Urbiola, consideró que podría ser una medida a explorar, pero aclaró que su implementación correspondería a las autoridades federales.
“Eso le correspondería a lo federal. Recuerden que ya lo dice la ley, solamente en la autoridad federal todos tendremos que ser equipo”, señaló.
Actualmente el mecanismo de control funciona si el sistema del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) reporta una deuda activa. Generalmente, con más de 90 días de incumplimiento decretado por un juez civil o familiar, el sistema bloquea la emisión del certificado de No Adeudo.
La SRE no procesa ni emite el documento de identidad y viaje hasta que la persona regularice su situación jurídica y financiera. Este mecanismo funciona contra aquellas personas que quieran salir del país con pasaporte vigente. La medida se ampliaría a la negativa de emisión del pasaporte de no contar con el certificado de No Adeudo.
Guerra Urbiola señaló que Querétaro ha comenzado a dar consecuencias concretas a quienes aparecen en el Registro de Deudores Alimentarios, entre ellas la negativa para obtener o renovar la licencia de conducir.
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“Querétaro es el primer estado que le pone dientes, que le pone pinzas a una ley que solamente era enunciativa, que estaba en la letra, pero que no se aplicaba”, afirmó.
Explicó que estas medidas buscan priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que dependen de una pensión alimentaria.
Informó que el registro se mantiene por debajo de las 200 personas, aunque continúa incrementándose y son pocos los casos que han sido revertidos.
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Precisó que la cifra no representa necesariamente el universo total de personas que incumplen con el pago de pensiones, debido a que el registro depende de que los ciudadanos soliciten ante un juez que una persona sea incorporada como deudora alimentaria.
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