La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobó imponer penas más severas a la usurpación de identidad.
El presidente de la comisión legislativa, Antonio Rangel Méndez, dio a conocer que la identidad hace referencia a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar o referenciar a una persona de manera precisa u objetiva.
Explicó que la definición incluye elementos como: nombre, apellido, nacionalidad, afiliación, teléfono, huellas dactilares, números de seguro social, fotografías, números de afiliación financiera, médica, laboral, entre otros datos.
Rangel Méndez manifestó que el robo de identidad constituye una actividad ilícita y ocurre cuando se utiliza información personal con fines de ilícito o de lucro.
Advirtió que en la actualidad el internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica, digital o virtual, que está constituida por datos personales, incluyendo claves de acceso a cuentas bancarias o redes.
Los considerandos del proyecto de ley indican que la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que a nivel nacional los fraudes cibernéticos por robo de información y datos personales incrementaron 164%, al pasar de 304 mil 356 en el primer semestre del 2015 a 835 mil 764 casos durante el mismo periodo de 2016.
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En lo que va de 2017 ya se realizaron 32 mil 719 reclamaciones por posible robo de identidad.
Asimismo, en 2015, 2 de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude corresponden a un posible robo de identidad.
El monto reclamado por los usuarios de la banca ascendió a 118 millones de pesos, 19% más que lo reclamado en 2014.
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Asimismo, 9 de cada 10 reclamaciones son de tarjetas de crédito y una corresponde a plásticos de debido que no son contratadas.
El Congreso local propone que a quienes suplanten la identidad de una persona, con la finalidad de acceder a recursos, obtener créditos u otros beneficios, se les imponga una pena de dos a siete años de prisión; también contemplan de 200 a 500 días multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiera causado.
La misma pena se impondrá a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, en cualquiera de las modalidades, informó la Legislatura de Querétaro.
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