La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobó imponer penas más severas a la usurpación de identidad.
El presidente de la comisión legislativa, Antonio Rangel Méndez, dio a conocer que la identidad hace referencia a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar o referenciar a una persona de manera precisa u objetiva.
Explicó que la definición incluye elementos como: nombre, apellido, nacionalidad, afiliación, teléfono, huellas dactilares, números de seguro social, fotografías, números de afiliación financiera, médica, laboral, entre otros datos.
Rangel Méndez manifestó que el robo de identidad constituye una actividad ilícita y ocurre cuando se utiliza información personal con fines de ilícito o de lucro.
Advirtió que en la actualidad el internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica, digital o virtual, que está constituida por datos personales, incluyendo claves de acceso a cuentas bancarias o redes.
Los considerandos del proyecto de ley indican que la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que a nivel nacional los fraudes cibernéticos por robo de información y datos personales incrementaron 164%, al pasar de 304 mil 356 en el primer semestre del 2015 a 835 mil 764 casos durante el mismo periodo de 2016.
En lo que va de 2017 ya se realizaron 32 mil 719 reclamaciones por posible robo de identidad.
Asimismo, en 2015, 2 de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude corresponden a un posible robo de identidad.
El monto reclamado por los usuarios de la banca ascendió a 118 millones de pesos, 19% más que lo reclamado en 2014.
Asimismo, 9 de cada 10 reclamaciones son de tarjetas de crédito y una corresponde a plásticos de debido que no son contratadas.
El Congreso local propone que a quienes suplanten la identidad de una persona, con la finalidad de acceder a recursos, obtener créditos u otros beneficios, se les imponga una pena de dos a siete años de prisión; también contemplan de 200 a 500 días multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiera causado.
La misma pena se impondrá a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, en cualquiera de las modalidades, informó la Legislatura de Querétaro.
