En febrero de 2016, la colonia Azucena en la ciudad de Querétaro fue el escenario de la detención de siete personas. La investigación, a cargo de las autoridades debía esclarecer la muerte de un joven de 25 años, ocurrida en un anexo.
Los encargados de este centro manifestaron en su momento, que su muerte fue ocasionada por una sobredosis, versión que contradijo los resultados de la necropsia, que revelaron señales de asfixia y maltrato físico. Una situación de este tipo ocurrida en este centro de rehabilitación provocó que surgieran interrogantes: ¿qué sucede con este tipo de espacios?, ¿cómo son regulados?, ¿quiénes atienden y bajo qué condiciones viven los internos?
De acuerdo con Guillermo Tamborrel Suárez, titular de la Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), existen alrededor de 90 centros identificados en todo el estado y actualmente se encuentran regularizando alrededor de 50.
Hasta el momento, según el CECA de las revisiones realizadas en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan de Río, se han impuesto entre 30 y 40 sanciones menores y entre cinco y seis clausuras de establecimientos por no contar con condiciones adecuadas.
En lo que va del año, se han interpuesto siete solicitudes para revisar estos centros de rehabilitación por parte de la Defensoría de Derechos Humanos (DDH) del estado de Querétaro, de acuerdo con Miguel Nava Alvarado, titular de este organismo, quien menciona que tras una revisión a 15 espacios se ha identificado, que los pacientes no reciben un trato digno.
“(El tratamiento) es muy drástico, los encierran y van en contra de su voluntad (…) Hay un trato que a veces no es el profesional. En algunos de ellos si es bueno, pero lo que si prevalece es que ni siquiera la autoridad otorga los permisos ni las vías mínimas para garantizar la salud, ni la integridad de estas personas”, dijo Nava Alvarado.
El CECA estima que en todo el estado hay cerca de mil 800 pacientes ingresados en estos centros y además de estos municipios, se han identificado otros en Tequisquiapan y en Pedro Escobedo.
“Hay seis que trabajan con reconocimientos nacionales, alrededor de 35 están trabajando bien, esto nos lleva a tener sobre 40 y 45 que están esperando trabajar en condiciones dignas, en tratar de dar un espacio digno a todos los internos y esos son a los que estamos intentando regularizar (…) desde la perspectiva de incorporar mitologías más modernas y respetuosas de los derechos humanos”, refirió.
Según Elydia Barbosa Benítez, psicóloga y presidenta del Patronato Psicológico Queretano I.A.Q. existen riesgos al atender una adicción, sin el personal adecuado, las cuales pueden conllevar en recaídas o en el padecimiento de una enfermedad mental, que represente un daño para el mismo paciente o su círculo familiar cercano.
La especialista menciona que en un anexo pueden llegarse a atender hasta 60 personas simultáneamente, con un tratamiento similar para padecimientos mentales, adicciones u otro tipo de problemas, que en ocasiones son causadas por violencia intrafamiliar en la infancia o por abusos sexuales.
Explicó que en dos centros en el municipio de Querétaro se han detectado a cinco pacientes con enfermedades mentales, por ejemplo, con cuadros depresivos, que los vuelven vulnerables ante la terapia que se da en los anexos.
