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El secretario de Gobierno del estado, Juan Martín Granados Torres, informó que el protocolo de prevención de violencia de género incluye atención integral para los agresores; aprobado en el pasado Consejo Estatal de Seguridad.
Explicó que no se trata de un beneficio, sino de dar atención sicológica y de terapia para que la persona reflexione sobre su actuar.
“Son cuestiones técnicas, pero por primera ocasión, de una manera legal se haría obligatorio a un agresor de violencia de género que tenga que participar de un proceso de consciencia, de rehabilitación, que implica que atendamos de manera directa”, informó
Recordó que la propuesta de protocolo está en manos de asociaciones y expertos para que den su opinión y hacer las modificaciones que se requieran, para generar un instrumento jurídico y adecuarlo a cada una de las áreas que atienden a las víctimas de violencia.
Indicó que esto no significa que los agresores eludirán su sanción judicial, sino será parte de su proceso de reinserción social y, en caso de no cumplir con la respectiva terapia —o sea cual fuere la recomendación de los expertos para su atención— no accederá a los programas de incentivos que tienen los centros de reinserción social.
Recordó que existen leyes internacionales, nacionales y locales, pero se hizo necesario revisar y reformular los protocolos que requerirán la capacitación de al menos 10 mil servidores públicos que están relacionados con las dependencias que atienden el tema de los gobiernos municipales y estatales.
“Es un tema interdisciplinario, existen ciertas temáticas, primero no habrá la posibilidad de que se obtengan beneficios si está judicializado el tema, si no atiende este tipo de terapias”.
Recordó que fueron analizados todos los protocolos internacionales, nacionales y locales para atender la violencia de género, que mayormente afecta a mujeres.
Se identificó que las medidas requieren ser reforzadas para que la respuesta sea inmediata y personalizada; para ello se integró un equipo de 11 instituciones y 18 personas para revisar 32 distintas normativas aplicables.
“Se encontró que todos estos protocolos son enunciativos, generalmente evocan principios y derechos de manera abstracta, aspiracionales, no orientan al operador en cuanto a las acciones, solamente en cuanto a las intenciones y las responsabilidades, se establece qué se debe hacer, pero con dificultad encontramos una norma al qué hacer concreto”.
Por esta condición, dijo, cada operador o funcionario que atiende a las víctimas de violencia interpreta lo que se debe hacer, lo que genera incertidumbre para el ciudadano sobre el deber del servidor público, pero tampoco el servidor público tiene claro qué hacer.
