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Durante la pandemia se tuvo un incremento de 40% en las medidas de protección urgente que debieron emitir los jueces familiares ante situaciones de violencia familiar, reveló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariela Ponce Villa.
Las medidas incluyen poner a la persona afectada en un lugar seguro o sacar a la persona agresora de la vivienda.
“Ha incrementado de manera importante, desde mitad del año pasado hacia acá; tiene que ver con temas de violencia. Que las personas decidan realizar o intentar en la vía penal por violencia familiar es distinto a la medida de protección que los jueces familiares también otorgan”, expuso Ponce Villa.
La magistrada señaló que atender las medidas de protección urgente debe ser inmediato y eso distrae a los jueces de los tiempos de sus diligencias en acuerdos normales, de ahí que se analiza crear nuevos juzgados que se enfoquen exclusivamente en los temas de urgencia.
“Lo que estamos pensando implementar es un juzgado o dos juzgados que en un sistema de audiencias puedan atender, una tras otra, todas las medidas de atención urgente y solamente lo concentraríamos en ese juzgado o en los juzgados.
“Estamos en el análisis estadístico para ver cuántos necesitamos y, repito, a través de un sistema de audiencias, un trámite que hoy nos lleva entre tres o cuatro horas, se reduce a 30 o 45 minutos.
“La materia familiar ha incrementado bastante y todo lo que se ha incrementado en Primera Instancia se refleja en el número de apelaciones; incluso se creó en el 2016 ya una Sala Especializada en el tema familiar, pero aún así la sola Sala Familiar no se da abasto y hay un porcentaje menor que se reparte en las otras dos salas civiles, en apoyo a la Sala Familiar”, ahondó la magistrada Ponce Villa.
Destacó que, contrario a lo que ocurre en otros procesos, en los temas familiares es difícil que concluyan por completo.
“Por ejemplo, una disolución de vínculo matrimonial, siempre quedan abiertos temas de convivencia, de custodia, de patria potestad, de pensión alimenticia hasta que los niños sean mayores de edad, incluso siendo mayores de edad todavía hay obligación si siguen estudiando, entonces, son procedimientos que se alargan demasiado tiempo”, expresó.
