En cinco años se han presentado en el estado 700 casos de delitos cometidos por menores de edad, quienes son juzgados con penas máximas de siete años; sin embargo, de acuerdo con el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la entidad, Carlos Septién Olivares, estos castigos deben de ser más severos.
Refirió que el número de delitos cometidos por los menores de edad son similares entre un año y otro; es decir, de forma anual son entre 100 y 150 acciones delictuosas las que ejecutan los jóvenes, en su mayoría entre los 12 y 17 años de edad.
“Los mayores delitos que se cometen son lesiones, homicidios y violaciones, no obstante se mantienen los estándares, además de que tenemos cifras de que en cinco años se ha sabido de 700 casos cometidos por menores de edad, de los cuales el delito que mayormente se da es el de lesión”, comentó.
El funcionario puntualizó la necesidad de atender la mente de los jóvenes, no sólo con políticas públicas en materia de prevención a través de la educación, sino también con penas más severas para los infantes que cometan estos actos.
“Actualmente las penas no pueden ir más allá de siete años para cualquiera de los menores, la idea es no llegar a estas situaciones, sino prevenirlas, que no se llegue a la realidad en el delito que cometen, pero si ya se llega a ese extremo, se deberían aplicar penas más severas", aseguró Septién Olivares.
En este sentido, el magistrado mencionó que para lograr este tipo de sanciones se deben realizar estudios sociológicos que den como resultado el tiempo de la pena a aplicarse a fin de lograr verdaderamente una mejoría en la conducta del menor.
“El Estado se esfuerza para implementar políticas de prevención, en las escuelas, en las familias y en la comunidad, sin embargo, ese tipo de personas que son desafortunadas a esas circunstancias tienen que sancionarse severamente, la mayoría son de siete años de pena, pero con este estudio sociológico habría que ver en cuanto tiempo esta persona puede reincorporarse a la sociedad”, añadió.
Asimismo, dijo, al ser menores de edad la justicia les da un trato especial; se les hace saber sus derechos legales, se les da una explicación del proceso que seguirán por haber cometido un delito, así como lo delicado de su conducta social, además de informarles que deberán de resarcir los daños con trabajo comunitario.
“En la mayoría de los casos se ha logrado detectar que son jóvenes de familias disfuncionales, por falta de actividad deportiva y falta de educación, por ello el estado asume la obligación de proporcionar ese tipo de cuestiones a los jóvenes; los municipios más vulnerables siguen siendo San Juan del Río y Querétaro, esto por el índice poblacional”, agregó.
En cuanto al porcentaje de reincidencia, Carlos Septién, comentó que es mínimo el número de jóvenes que al cumplir su sentencia vuelven a cometer un delito, aunque los reincidentes son juzgados como adultos, ya que durante su condena alcanzan la mayoría de edad.
“Es muy poca la reincidencia, ya que estos delitos al considerarse graves, resulta muy poco probable que alcancen su libertad antes de ser mayores de edad, además de que se les dan tratamiento psicólogo o inclusive en el ámbito laboral”, concluyó.
