La semana próxima el Presidente de la República volverá a la carga en su intento de reformar la Constitución para acrecentar su poder sin tener mayoría calificada en ninguna de las dos Cámaras. Después de haber acusado de “traidores a la patria” a legisladores de la oposición por no apoyar su reforma eléctrica, se aprecia imposible que los calificados de “traidores”, apoyen las necedades de López Obrador.

AMLO pretende trastocar las bases del sistema democrático mexicano, cambiando las reglas de integración y funcionamiento del INE, organismo autónomo que estorba a los planes expansionistas del presidente. Lo anunciado resulta descabellado, que los consejeros sean electos popularmente, previa propuesta de los candidatos que realicen los tres Poderes de la Unión. Cambiar de profesionales y técnicos en la materia, a políticos subordinados al poder. Tendrían que hacer campaña para acceder al cargo.

El artículo 41 constitucional concede esa facultar al Senado de la República, por votación calificada. Una comisión especializada realiza entrevistas y exámenes a quienes muestren interés en el cargo; seleccionan a los mejores y envían la lista al Senado. AMLO aborrece el procedimiento por considerar que los consejeros están subordinados a intereses políticos; sustentará su propuesta pensando en que la sociedad puede ser engañada fácilmente. Seguramente su intentona de destruir al INE no pasará. Aunque Ricardo Monreal confía en llegar consensos.

Otra traición a la patria será la pretendida conversión de la institución civil encargada de la seguridad pública y protección ciudadana, para convertirla en un organismo militarizado. Todo lo opuesto a lo criticado y ofrecido en campaña. Esta sí es una verdadera traición al pueblo de México ¡Militarizar al país!

Parece que el Presidente no puede gobernar si no es con el respaldo de la fuerza militar. Javier Jiménez Spriú, siendo Secretario de Comunicaciones y Transportes renunció por darle atribuciones a los militares que correspondían a su área.

En poco más de 3 años López Obrador ha involucrado a los militares en actividades no relacionadas con sus funciones constitucionales ni legales.

Luego quitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la función de la seguridad pública, para otorgarla ilegalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una función constitucional para civiles. AMLO, por simple oficio, la cedió al ejército. En eso consistirá su iniciativa, que la Guardia Nacional, dependa de las Fuerzas Armadas.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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