Representantes de las comunidades indígenas y pueblos originarios de Querétaro cuestionaron la consulta federal sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, pues el proceso no cumplió con las condiciones necesarias para ser considerado una consulta real, ya que la convocatoria llegó de manera apresurada y no fue entregada a las autoridades indígenas, sino a los municipios.

María Guadalupe Camacho, presidenta de la Mesa de Gobierno Indígena de Ezequiel Montes, defensora de pueblos originarios de Querétaro y el Valle del Mezquital, señaló que hace aproximadamente un mes empezaron a nivel federal las consultas indígenas en todo el país, dos años después de la reforma al artículo 2 constitucional, con un desfase de los tiempos administrativos o constitucionales que sólo tenían 180 días para poder implementar las leyes generales o las leyes secundarias.

“Hasta dos años después se empiezan a implementar las consultas en todo el país y, en este caso Querétaro fue sede de dos consultas, una llevada a cabo en Amealco y otra en Jalpan de Serra, o sea, divididas las comunidades”, explicó la activista.

“La consulta de Querétaro fue llevada a cabo el 28 del mes pasado (agosto). A nosotros nos convocaron en Amealco y ahí fue donde se determina que es una asamblea para definir las bases principales de la ley general. Al inicio de esta asamblea externamos que para nosotros no representaba una asamblea, porque a lo que fuimos convocados pues fue justamente a participar en la consulta para fortalecer el tema de la ley general”, comentó.

Además, agregó, fueron convocados aceleradamente y muchas de las autoridades de las más de 180 comunidades de todo el estado, en realidad nunca fueron citados para esa consulta.

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