Querétaro busca posicionarse como pionero en materia de paridad, sostuvo Tania Palacios Kuri, diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 59 Legislatura local, luego de que se aprobaron, de manera conjunta, tres iniciativas a favor de la paridad de género y otra para armonizar la legislación local con la federal, en la materia.

De las iniciativas aprobadas, dos fueron para reformar la Constitución Política del estado, una, en busca de que se cumpla la paridad de género en el ejercicio de los cargos públicos, la otra, para provocar mejoras en materia de Igualdad Sustantiva. La tercera reforma plantea reformar la Ley Orgánica Municipal.

Las iniciativas las ingresaron las diputadas María Concepción Herrera, de Querétaro Independiente; Abigail Arredondo; del PRI y la panista Tania Palacios.

Se aprobó armonizar la Constitución Política del estado con la federal, igualmente, en materia de paridad.

“Incluimos en la Constitución local la posibilidad de que, a través de las mismas leyes, y de la Constitución, se favorezca el principio de paridad para los nombramientos de distintos cargos públicos, también designaciones y candidaturas que tengan que ver con un listado que ya existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… lo que quisimos hacer fue tener un estado pionero en esta armonización”, enfatizó Palacios.

Indicó que de las iniciativas que se aprobaron una fue para generar acciones que garanticen el desarrollo económico y el empleo en la entidad; es la “Iniciativa de Ley que adiciona el párrafo octavo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para proteger y garantizar el desarrollo económico y el empleo en el estado”, ingresada por los diputados del PAN.

Otra iniciativa, también del PAN, se aprobó para aumentar los derechos de la población joven; la “Iniciativa de Ley por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro en materia de derechos de las personas jóvenes”.

Establece que el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento del derecho de los menores; promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, garantizando sus derechos y su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural, además de que se generen condiciones para fortalecer e incentivar el crecimiento económico.

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