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El gasto y la fiscalización son temas que deberá considerar la Ley Reglamentaria para la Implementación de Candidaturas Ciudadanas, la cual tiene que ser aprobada el 10 de agosto por la 57 Legislatura local, comentó el diputado local Marco Antonio León Hernández.
Dentro de la reforma a la Constitución Política del Estado en su artículo séptimo, se da pauta para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser candidatos independientes, pero es necesario completar la reforma con un reglamento.
El legislador explicó que en el artículo siete, la ley dice que las personas ejercen sus derechos políticos a través de sus partidos políticos, con ello “impide que el ciudadano por sí mismo pueda ejercer sus derechos políticos, de tal suerte que le vamos a quitar eso para que existan dos vías para practicar sus garantías, uno por el partido político y otro por sí mismo”, aseguró el también presidente de la comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa expone que las candidaturas independientes son la vía de participación de los ciudadanos en asuntos públicos y esa apertura significa un avance en la construcción de la democracia, declaró.
Limitar el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder sólo a través de los partidos políticos, manifestó León Hernández, atenta contra el ideal democrático participativo, la soberanía popular y puede transgredir el derecho de asociación y participación política reconocido en la Constitución.
También se prevé que la ley mejorará la relación de los partidos con los electores mediante el equilibrio del poder que tienen y los ciudadanos, aún cuando esto implica un enorme reto para diseñarse en la legislación secundaria
El legislador consideró que debe haber armonía entre los principios rectores de la función estatal electoral, el financiamiento, prerrogativas, acceso a los medios de comunicación y con la rendición de cuentas del dinero que destine a las candidaturas ciudadanas.
“Si nosotros no cuidamos los requisitos, si ponemos requisitos muy altos, vamos a hacer nugatorias las candidaturas ciudadanas. Por ejemplo, si ponemos un porcentaje de aval de ciudadanos muy alto, no lo va a poder cumplir nadie, aunque lo establezca la norma o la ley reglamentaria en los hechos no va a ser posible”, destacó.
