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Con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental se podrá regular la calidad de la información financiera de las entidades federativas y municipales y contribuirá a eliminar y sancionar la corrupción y a regular el endeudamiento público, señaló el licenciado Jesús Rodríguez Hernández, quien recordó que los gobiernos municipales panistas en el municipio de Querétaro recibieron la administración sin deuda y lo entregan endeudado. Lo anterior a pesar de que en 1997 el gobierno municipal que él encabezó ejerció un presupuesto de 200 millones de pesos, mientras que el ejercicio presupuestal de el último gobierno panista fue, en 2012, de 2 mil 200 millones de pesos. A los gobiernos de Acción Nacional les distingue el dispendio e ineficacia, agregó Dijo que una vez que la próxima semana la Cámara de Diputados inicie la discusión sobre la reforma presentada con carácter de iniciativa preferente, se dará prioridad a la transparencia y la rendición de cuentas para el buen manejo del presupuesto público en todos los niveles de gobierno. A partir de este lunes, sostuvo, la Cámara de Diputados se abrirá paso al análisis de la minuta enviada por los senadores, quienes resolvieron que los gobiernos estatales y municipales deberán detallar en sus respectivas leyes y en sus sitios oficiales de internet, la información sobre sus ingresos, deuda y presupuesto. Aseguró que de acuerdo a un estudio legislativo, las nuevas disposiciones de esta ley permitirán que al menos 19 malas prácticas de administración de gobierno a nivel estatal y municipal se corrijan paulatinamente. Esta ley, dijo, obligaría a estados y municipios a informar del destino y uso de los recursos públicos y contribuirá a transparentar la fiscalización de las transferencias federales, en especial en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura municipal, así como las ayudas y subsidios a sectores sociales y económicos. Al mismo tiempo Rodríguez Hernández confió que con este nuevo ordenamiento se eliminarán las prácticas discrecionales, se alentará el fortalecimiento de los ingresos propios de las entidades federativas y municipales y, en conjunto, aportará al crecimiento y el desarrollo regional. “Permitirá armonizar la fiscalización de las finanzas públicas, garantizar el acceso ciudadano a la información financiera y sancionar las prácticas de corrupción, además de fortalecer la función de fiscalización de la Cámara Baja a través de la Auditoría Superior de la Federación y de las diversas instancias de transparencia del país”, acotó. De lo que se trata, puntualizó, es que el ciudadano tenga la certeza de que los impuestos que paga tienen una buena aplicación; que sepa en qué se gasta y cuáles son los beneficios finales del gasto ejercido en todos los ámbitos de gobierno, sin áreas de opacidad.
