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La Comisión de Hacienda en la 57 Legislatura se acercará a los gobiernos municipales actuales, para exhortarlos a acelerar los procesos de sanciones a ex funcionarios que resulten responsables de observaciones detectadas en los procesos de entrega-recepción.
El diputado Gerardo Sánchez Vázquez reconoció que hay lentitud en algunos municipios en el inicio de procesos sancionadores, tras detectar irregularidades que involucran el manejo de recursos en periodo de gobierno pasados.
“Hacemos un llamado a las Contralorías de cada administración municipal a que se agilicen los trámites y así, que la ciudadanía tenga claro que si hubo un mal manejo de los recursos en las pasadas administraciones, se inicien las sanciones que corresponden, pero también les apoyaremos para dar agilidad a esos trámites”, destacó el legislador.
En el caso de Tequisquiapan, consideró necesario dar celeridad a los procesos penales que se anticiparon iniciar en contra de ex funcionarios, como lo dio a conocer el edil Antonio Macías, desde el año pasado.
En Tequisquiapan se recibió una administración con un déficit financiero por 35 millones de pesos, según declaraciones del regidor síndico municipal Gerardo Barrón Mendoza.
A este boquete financiero se suman las cerca de 70 observaciones emitidas por la Entidad Superior de Fiscalización, referentes principalmente a procesos de licitación de obra y gastos por contratos con proveedores.
El presidente municipal, Antonio Macías, previó el inicio de demandas penales en contra de 3 ex funcionarios de Tequisquiapan como presuntos culpables de las irregularidades financieras. Pero hasta la fecha no se han iniciado ni se han dado a conocer los nombres de los ex funcionarios involucrados.
El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Sánchez, reconoció que a la fecha no se han dado a conocer los detalles de las observaciones detectadas en todos los municipios.
Por ello, anticipó una reunión con el titular de la ESFE para determinar las observaciones que representen un daño mayor al ejercicio de los recursos públicos y que amerite el inicio de denuncia penales.
