De dos a seis años de prisión, es la pena contemplada en la iniciativa de ley para Proteger los Derechos Humanos e Identidad de las Personas, que tipifica como delito la sustracción de información de datos personales, así como su difusión con fines ilícitos.
Esta propuesta legislativa fue presentada por la diputada Isabel Aguilar, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien en oficialía de partes, explicó que la reforma de ley sobre la usurpación de la identidad, busca regular los delitos contra la paz y la seguridad de las personas.
De acuerdo con la legisladora, el robo de identidad se presenta al momento de adquirir y transferir información jurídica y física sobre una persona de forma no autorizada y con el objetivo de cometer algún acto ilícito o con fines de lucro. No obstante, advirtió que este delito al no estar tipificado en el estado, es catalogado como fraudes o inclusive, como exhortaciones.
“Si a alguien le roban su identidad, como no está tipificado, lo ponen en la bandeja de robo o extorsión y cosas por el estilo. Como no está tipificado, no hay casos como tales. Una vez que se apruebe por el pleno, ya podría presentarse. Se han identificado algunos, pero a nivel nacional, hay alrededor de 400 mil casos”, aseveró la legisladora priísta.
“Cuando la gente es víctima de un robo de información, como no está tipificado, no está enmarcado el delito como tal (…) Cuando una persona es víctima y llega a presentar la denuncia, no saben cómo tipificarlo y se va archivando su expediente. Una vez que se tipifique este delito se le dará la agilidad y el trámite correspondiente”, señaló Aguilar.
De acuerdo con la diputada, esta propuesta también presenta una sanción económica que va desde 200 hasta los 500 días de multa y el pago de la reparación del daño. Según explicó la militante del PRI, la pena es de igual forma aplicable a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación del delito.
“Es para quien cometa el delito y quien transfiera información. Si nosotros tenemos nuestros datos personales de teléfono y esa información fue pasada, vendida y otorgada a una persona que cometió el ilícito es igual una pena. Es importante que nosotros sepamos que esto nos ayude para que se tenga este delito como tal”, mencionó.
Propuesta de ley. La iniciativa contempla la apropiación y la utilización de información privada a través de internet, cualquier sistema informático, medio de comunicación; así como la intercepción de datos de envió, empleando el uso de datos personales no autorizado.
Asimismo, la legisladora informa del aumento hasta la mitad de la pena estipulada a quien sea el depositario de información personal y le facilite a un tercero con fines de cometer conductas delictivas, de lucro o que generen un daño patrimonial o moral para otra persona.
Según Aguilar, esta iniciativa de ley se trabajó con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) delegación Querétaro y se espera que sea turnada a la comisión correspondiente para su análisis.
Aunado a esta propuesta, la legisladora del PRI presentó una reforma al artículo segundo de la Constitución del estado para incorporar el principio pro persona, el cual funcionará como un eje rector de observancia, tutela defensa de los derechos humanos en el marco normativo del estado.
