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La Secretaría del Trabajo del estado atendió cuatro casos de discriminación laboral durante 2016, y en los que se orientó a las personas involucradas para resolver los conflictos, informó el titular de la dependencia, José Luis Aguilera Rico.
Si bien son temas que sanciona directamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que es la dependencia federal, a nivel estado brindan asesoría tanto a trabajadores como a patrones para alcanzar acuerdos que favorezcan a ambas partes.
En el caso particular de discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral no se han identificado, o no se han informado a la secretaría.
“No hemos encontrado discriminación en el tema hombre-mujer, y el año pasado atendimos a cuatro personas en el tema de discriminación […] no fueron quejas, fueron asesorías jurídicas y fue directamente con el patrón para que ellos también estuvieran tranquilos”, dijo el funcionario.
Explicó que un caso se relacionó con un enfermo con insuficiencia renal; dos personas fueron dadas de baja, pero luego se les reinstaló al sensibilizar al patrón sobre la condición.
Dos casos más fueron por cáncer en mujeres, quienes hacían labores pesadas y por su condición peligraban, por lo que —tras la asesoría— fueron reubicadas en labores administrativas.
Preparan propuesta de reforma. El secretario del Trabajo dio cuenta de que la secretaría federal aplica sanciones en estos casos, sin embargo, desde el Poder Ejecutivo preparan una propuesta de reforma en materia de inspección, para que a nivel estatal tengan facultad de aplicar sanciones económicas cuando detecten irregularidades; la propuesta estará lista en un plazo de un mes.
“Nosotros ya estamos haciendo la reforma, la presentaremos en un mes más para llevarla al Congreso, estamos haciendo una reforma en el tema de inspección en donde se pueda sancionar y aplicar multa a quien no cumpla como patrón”, advirtió.
Los casos de discriminación reciben sanciones superiores al medio millón de pesos, informó el funcionario, “la delegación federal del Trabajo aplica sanciones económicas y están arriba de los 500 mil pesos”.
Otros casos que presentan como posible discriminación es en la petición de carta de antecedentes no penales como requisito (en algunas empresas) para poder laborar, condición que la dependencia respalda cuando se trata del ingreso a corporaciones de seguridad.
