El pasado 16 de octubre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio el banderazo formal al Proceso Electoral Local 2026-2027. En apariencia, se trata de un acto ritual, casi burocrático: se aprueba un calendario, se instalan consejos distritales y municipales, se recuerdan las fechas sagradas del registro, las precampañas y las campañas. Pero en la práctica ese día marcó algo más profundo. Marca el momento en que la ley empieza a mirar con lupa lo que los partidos ya venían haciendo con total desparpajo desde meses atrás.

Porque mientras el IEEQ leía su declaratoria, dos de las fuerzas más grandes del país ya habían adelantado la película. Morena y el PAN nombraron “coordinadores” estatales. Santiago Nieto por un lado, Felifer Macías por el otro. Oficialmente no son candidatos. Oficialmente solo coordinan “trabajos de la Cuarta Transformación” o “la defensa de la patria, la familia y la libertad”. En la realidad, todo el mundo sabe de qué se trata. Son los precandidatos disfrazados de coordinadores, una simulación que se ha convertido en la norma nacional y que en Querétaro se reproduce con cinismo casi artístico.

Llamarlo fraude a la ley no es exageración. La legislación electoral prohíbe los actos anticipados de campaña precisamente para evitar que quienes tienen acceso a estructuras, recursos y visibilidad pública se adelanten y dejen a los demás corriendo detrás. Pero la figura del “coordinador” se ha convertido en el agujero negro por donde se cuela todo. Se organizan asambleas, se miden encuestas, se fotografían con gobernadores y se construyen narrativas de inevitabilidad, todo sin que aún existan las reglas formales que deberían regir la competencia. Es la trampa perfecta: se viola el espíritu de la norma sin tocar literalmente su letra. Y cuando alguien se queja, la respuesta es la de siempre: “todavía no hay proceso electoral”. Ahora que ya lo hay, el daño está hecho.

En ese mismo escenario aparece una propuesta distinta. La semana pasada Movimiento Ciudadano presentó en el Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social del estado. El objetivo es claro y necesario: blindar los programas sociales del uso electoral. Prohibir de manera expresa que se utilicen logos, colores, frases, rostros o cualquier elemento que personalice los apoyos. Obligar a transparentar los padrones de beneficiarios. Establecer que durante las vedas los apoyos no se suspenden, sino que se adelantan. Y, sobre todo, tipificar sanciones administrativas y penales, que pueden llegar hasta nueve años de prisión, para quien condicione la entrega de un beneficio a cambio de afiliación o voto.

No es una idea romántica. Es una respuesta concreta a una perversión que todos hemos visto y que pocos se atreven a confrontar de frente. Los programas sociales dejaron de ser derechos para convertirse en instrumentos de control. Se entregan con logos partidistas, se fotografían con candidatos, se condicionan con listas negras y se utilizan como moneda de cambio en cada ciclo electoral. La iniciativa de MC no pretende eliminar los programas; pretende devolverles su naturaleza original: herramientas del Estado para reducir desigualdades, no herramientas de partidos para fabricar clientelas.

La coincidencia temporal es reveladora. Mientras dos partidos grandes se dedican a simular candidaturas antes de tiempo, un tercero intenta poner candados a una de las prácticas más corrosivas de la democracia mexicana. Uno juega a adelantarse en la carrera; el otro intenta que la carrera se dispute en condiciones mínimamente decentes. No se trata de idealizar a nadie. Se trata de reconocer que, en este momento, una fuerza política está proponiendo reglas que protegen al ciudadano del abuso, mientras las otras se dedican a estirar las reglas hasta romperlas.

Querétaro no es un estado cualquiera. Tiene una tradición de estabilidad institucional y de crecimiento económico que muchos envidian. Pero esa misma estabilidad puede convertirse en complacencia. Si aceptamos que los “coordinadores” son la forma normal de hacer política, si normalizamos que los programas sociales se usen como botín electoral, entonces la elección de 2027 no será una competencia de ideas sino una competencia de estructuras ya montadas y de clientelas ya amarradas.

El proceso acaba de empezar. Aún hay tiempo para exigir que se respete la ley, no solo su texto técnico sino su propósito. Que los partidos se sometan a los tiempos y no los dicten. Que los apoyos sociales lleguen sin chantaje. Que la ciudadanía pueda elegir sin sentir que alguien le tiene agarrada la mano con una despensa o una promesa condicionada.

La democracia no se agota en el día de la elección. Se construye o se degrada en los meses previos, cuando se decide si las reglas valen para todos o solo para quienes no tienen suficiente poder para eludirlas. El 16 de octubre el reloj empezó a correr. Ahora veremos quién corre con las reglas y quién prefiere seguir inventando atajos.