Pedro Sánchez respondió a una derrota parlamentaria convocando elecciones y, al hacerlo, transformó el significado político de esa derrota.

El 2 de octubre, PP, Vox y Junts rechazaron los dos decretos de vivienda del Gobierno. El primero cayó por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166. Tres días después, Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre.

La explicación más sencilla es que un Gobierno incapaz de sostener su mayoría optó por adelantar las elecciones. Pero la convocatoria también desplaza el foco: de la dificultad de Sánchez para reunir los votos necesarios para gobernar, al costo político de quienes dejaron de respaldarlo. Ahí está el movimiento político.

La legislatura funcionó sobre una mayoría de investidura que nunca llegó a convertirse en una mayoría estable de gobierno. Cada votación relevante obligó a reconstruir acuerdos entre fuerzas cuyos intereses coincidían sólo parcialmente. Los presupuestos ofrecen el mejor indicador. El Ejecutivo termina la legislatura sin aprobar unas cuentas propias y con las de 2023 prorrogadas.

La derrota en vivienda hizo visible ese agotamiento, pero también ofreció a Sánchez un terreno mucho más favorable que el de los presupuestos, la amnistía o la negociación territorial.

La vivienda afecta directamente a un amplio sector del electorado y permite ordenar el conflicto en términos muy distintos. El Gobierno puede presentar el rechazo de los decretos como el bloqueo de medidas destinadas a proteger a los inquilinos. Junts responde que pidió negociar y modificar los textos antes de votar en contra. Lo relevante para la campaña será cuál de esas dos interpretaciones consiga imponerse.

La disolución añade otra ventaja. Durante el periodo electoral, los decretos vuelven a discutirse en una correlación parlamentaria distinta. El PNV ya anunció que respaldará el principal paquete de vivienda, por lo que una medida rechazada por el pleno puede terminar aprobándose días después.

La consecuencia política es la clave. Sánchez llega a las elecciones después de perder una votación, pero con la posibilidad de convertir esa misma política pública en una decisión aprobada y en uno de los ejes de su campaña.

Así, la convocatoria cumple dos funciones. Busca resolver una legislatura que había perdido capacidad para producir mayorías y permite al Gobierno escoger el momento, el tema y las condiciones bajo las cuales se vuelve a medir con sus adversarios.

No garantiza que funcione. España elige diputados y la formación del próximo Gobierno volverá a depender de pactos si nadie obtiene mayoría suficiente. El 29 de noviembre podría reproducir el mismo problema bajo una nueva distribución de escaños.

Eso es precisamente lo que Sánchez está intentando. La votación del 2 de octubre mostró que había perdido una mayoría. La elección del 29 de noviembre decidirá si consigue construir otra.

X: @maeggleton