Es una tragedia que dediquemos tan pocos recursos —tiempo, dinero y esfuerzo— para idear, investigar y desarrollar soluciones a los problemas públicos más sentidos, mientras gastamos casi toda nuestra energía en cometer de manera continua los mismos errores. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones de políticos y servidores públicos están llegando al poder para administrar el andamiaje institucional heredado, sin cuestionarlo y con el temor de hacer cambios profundos.
Quizá esta falta de pensamiento crítico encuentra sustento en la dinámica de la discusión pública que vivimos en nuestra era. Navegamos en un mundo polarizado donde el debate ya no construye, sino que aleja y deja grietas; un espacio donde el diálogo se parece más a un par de monólogos que se alternan. Quizá esa dinámica no deja espacio a una reflexión más profunda sobre las instituciones que mantenemos operando. Por otro lado, al interior de los institutos políticos (los partidos políticos todos) la conversación se concentra en las disertaciones de poder: aquellas que intentan identificar las mejores rutas para ganar elecciones. Pocas son las conversaciones sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la gente o sobre cuál es la visión de país y de mundo que se quiere construir.
Por todo lo anterior, enfrentamos una profunda crisis de falta de atención a la investigación y a la construcción profesional de política pública. La actividad política parece condenada a un único fin: arribar al poder o mantenerlo a toda costa. En nuestro sistema político y de administración pública, llegar al poder comienza a significar significar ganarlo todo. El exceso de facultades reservadas para el presidente, los gobernadores y hasta los alcaldes supone un botín poco despreciable y, eso si, llamativamente disfrutable por unos pocos (a costa del detrimento en la calidad de vida del resto).
Ante este escenario vale la pena preguntarnos: ¿qué instituciones del Estado mexicano están investigando y desarrollando los proyectos y las políticas públicas que debemos implementar para lograr mejores resultados? ¿Quiénes son esos servidores públicos que estudian de manera profunda y sin prisas los temas más complejos que enfrentamos y que están por venir? ¿Tienen los poderes ejecutivos el tiempo suficiente para dedicar a la investigación y desarrollo de políticas públicas, o deberían dejar esa tarea a otro sector del Estado?
Aquí es donde sostengo que la clave está en el diseño del sistema. Impulsar y concretar un rediseño profundo e inteligentes a la manera en la que construimos las decisiones puede resultar en grandes cambios que beneficien a millones en temas tan sensibles como vivienda, salud, educación, seguridad y estado de derecho.
El sistema que hoy tenemos no contempla espacios ni mucho menos instituciones de pensamiento público. No existe en nuestro andamiaje constitucional una entidad que reflexione mientras el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial resuelve. Ese vacío nos condena a ir acumulando rezagos, a vivir de la improvisación y a implementar copias mal tropicalizadas de políticas exitosas en otras latitudes.
Hemos dejado de dedicar tiempo y recursos al diseño de nuestra forma de decidir. No estamos invirtiendo en imaginar alternativas ante los enormes retos que nos presenta el siglo 21. Hoy más que nunca, ante la velocidad con la que cambia el mundo, la arquitectura de sistemas y de decisiones se vuelve fundamental. El sistema requiere ajustes clave, o una cirugía mayor, que haga sostenible la investigación y el desarrollo de políticas públicas orientadas a brindar resultados prácticos más allá de ideologías, partidos y colores.
Nuestra creatividad y el valor para hacer cambios pueden ser la base para progresar. Es cuestión de articular un diseño institucional de nueva generación que fortalezca nuestra democracia desde una premisa clara: nadie lo sabe todo y todos sabemos algo que podemos aportar para co-crear un futuro más próspero.