De manera cotidiana y a lo largo de nuestra vida, hemos escuchado expresiones como “dos cabezas piensan más que una”, “la unión hace la fuerza” o “solos caminamos más rápido, juntos llegamos más lejos”. Estas frases se han vuelto comunes porque encierran una profunda verdad. En momentos de incertidumbre y confusión, la claridad suele encontrarse en los principios más simples: el ser humano posee una tendencia natural a la colaboración, y ha sido precisamente la ayuda mutua una de las fuerzas más poderosas que nos han permitido prosperar y dominar como especie en este planeta.
Siendo esta una realidad innegable, resulta revelador observar cómo los países con mayor tradición y cultura de diálogo son también los que hoy obtienen mejores resultados en desarrollo y bienestar. Las naciones nórdicas, por ejemplo, basan sus sistemas políticos en esquemas parlamentarios donde, para integrar el poder ejecutivo, se exigen acuerdos -consensos- entre distintas fuerzas políticas. Estos consensos no son otra cosa que ejercicios de madurez democrática: conversaciones profundas para volver a ordenar las prioridades de las agendas, ceder en lo accesorio, avanzar en lo fundamental y encontrar puntos medios que permitan ejecutar un programa de gobierno con una amplia base de apoyo social. Este debate fomenta además que la sociedad pueda conocer sobre los temas que están siendo objeto de las discusiones y pueden dar seguimiento también a la construcción de acuerdos. Por supuesto que esta metodología tiene su beneficio didáctico y genera cultura.
Este ejercicio de corresponsabilidad contrasta fuertemente con aquellos modelos que concentran el poder en una sola persona. En los sistemas hiperpresidencialistas, el debate público suele reducirse a la temporada electoral, convirtiéndose en una confrontación estéril que busca polarizar a la sociedad para ganar a toda costa. Al concentrar la decisión total —tanto en la agenda de política pública como en la administrativa y económica—, se anulan los contrapesos necesarios y se abren las puertas a la opacidad, la corrupción y la impunidad institucional.
El diseño institucional de un país determina, en buena medida, la conducta de sus ciudadanos y el éxito de sus políticas públicas. Al contrastar los modelos basados en la colaboración y el consenso con aquellos que impulsan el individualismo y la concentración del poder, se evidencia que los primeros promueven resultados más duraderos. Cuando el diseño institucional fomenta el debate y la consecución de acuerdos, generalmente las razones comienzan a pesar más que los ataques. La política de acuerdos no solo integra una mayor diversidad de visiones, sino que exige a los actores políticos anteponer el bien común, reduciendo la polarización social.
En contraste, la centralización fomenta dinámicas de suma cero, donde la victoria de un bando implica la exclusión sistemática del otro y, lo que es más, la apuesta de un sector importante del espectro político trabajando para que le vaya mal al país. Esto debilita la confianza ciudadana en las instituciones al percibir que las decisiones responden a intereses particulares y coyunturales, y no a una visión de Estado.
Frente a los retos del siglo veintiuno, Querétaro y México necesitan apostar por una evolución institucional. Urge transitar hacia esquemas donde el peso de la representación y el debate parlamentario garanticen la deliberación permanente. Urge que los gobiernos integren diversas perspectivas institucionales, incluso diferentes a las de quienes se imponen por la vía electoral. Urge que quienes nos dedicamos al servicio público seamos capaces de impulsar el rediseño de las instituciones democráticas de nuestro estado y de nuestro país. El diseño institucional imperante nos ha sido heredado como lo que fue: un sistema para otra época, no una camisa de fuerza que hoy se vuelve causa de estancamiento y retroceso. Solo mediante la corresponsabilidad y el diálogo continuo podremos avanzar en construir una cultura cívica y política a la altura del México que podemos ser.